El texto que expongo a continuación resulta empíricamente ilustrativo para este curso de Memoria e Identidad[3], que tiene entre sus temas centrales la discusión sobre algunas experiencias de reconstrucción histórica y política de pasados recientes de violencia nacional. Precisamente, el objetivo del artículo de la profesora Rabotnikof, es presentar un panorama sintético sobre el recuerdo, la historización y la interpretación del pasado de violencia reciente en Argentina, un país que luego de treinta años del golpe militar del 24 de marzo de 1976, sigue haciendo de las memorias de su pasado, uno de los principales ejes del debate en el espacio público. Un pasado que, según reconoce la autora, puede resultar para muchas biografías personales toda una “excursión a un pasado – pasado”, pero para la memoria colectiva de un país es un “pasado que no termina de pasar” (2007: 259). Lo interesante para nuestros intereses, es que en el texto, lo autobiográfico y lo colectivo, se encuentran dinámicamente en función de la tramitación de unas huellas de violencia que, a diferencia de lo que pensarían muchos, siguen abiertas y en efervescencia para este país.[4]
Ahora bien, dos conceptos articulan el texto de la profesora Rabotnikof: memorias de la política y políticas de la memoria. De entrada sería interesante reconocer que los dos resultan útiles para nosotros, en cuanto caja de herramientas, para analizar en escenarios nacionales distintos al argentino los procesos de tramitación y usos políticos de los pasados recientes. El primer concepto, según la autora, está ligado a “todas aquellas formas y narraciones a través de las cuales los “fueron contemporáneos de un periodo (aunque no solo ellos) construyen el recuerdo de ese pasado político, narran sus experiencias y articulan, de manera polémica, pasado, presente y futuro” (2007: 260). El segundo concepto comprende “las formas de gestionar o de lidiar con ese pasado, a través de medidas de justicia retroactiva, juicios históricos –políticos, instauración de conmemoraciones, fechas y lugares, apropiaciones simbólicas de distinto tipo” (2007: 261).
Con el primer concepto nos enfrentamos a las narrativas presentes en la construcción del pasado, con el segundo a los procesos políticos de tramitación. Lo interesante es que ambas dimensiones, la narrativa y la política, tienen un lugar común de despliegue: los espacios públicos. Ambas dimensiones también permiten comprender que la memoria es un “territorio esencialmente político”. Territorio, que según dice el historiador colombiano Gonzalo Sánchez, no lo es sólo por “su relación con los usos del poder, ´la memoria nacional´, sino por su relación con los grupos sociales, ´la memoria colectiva´”[5]. En este texto, lo autobiográfico, lo nacional y lo colectivo se descubren entonces como dimensiones de la construcción de un pasado.
La autora trata de desarrollar y poner en juego dos grandes intuiciones en relación con esas dos nociones. La primera, es que las memorias de la política y las políticas de la memoria han sufrido transformaciones en distintos presentes políticos durante estos treinta años en Argentina. La segunda, es que la reivindicación de la memoria, desde diversos agentes y motores memoriales, no siempre incorporó una reflexión aguda sobre los mecanismos, las trampas y las paradojas que ella acarrea. Aunque la autora reconoce que desde hace un tiempo para acá las cosas comienzan a cambiar en Argentina, quizá por la influencia que tiene el clima cultural generado por el boom memorialístico europeo de los años ochenta. De forma recurrente, Argentina comienza entonces a fijar su mirada, desde sus analistas, actores sociales y gobiernos, en “los usos del pasado, las distintas formas de narrarlo y las diferentes ofertas de sentido” (2007: 264). Sin embargo, también esa “aproximación más reflexiva a la memoria” expresa los rasgos presentistas de la memoria, y de esa “era conmemorativa”, que hiperfuncionaliza ciertos pasados en función de ciertos presentes[6].
Precisamente, una de las labores de la autora, que asume el reto de volver sobre las huellas memoriales de una violencia que afectó su biografía y el contexto nacional, es desentrañar las múltiples facetas y dimensiones de ese pasado –pasado y/o pasado – reciente. En ese camino, es consciente que para algunos un escenario como el argentino, resulta ya “saturado de memoria”; para otros en cambio, el pasado es “recuperado y ampliado” en función de nuevas generaciones de luchadores (Hijos o Hermanos), y quizá para los viejos motores de la memoria en este país (Madres y Abuelas), sea indispensable seguir reabriendo los debates que quedaron inconclusos.
Quisiera, no obstante, pese a la riqueza de temáticas del texto, destacar en este breve comentario del artículo de la profesora Rabotnikof, tres momentos institucionales de la historia argentina reciente, donde pueden colocarse en juego el contenido mismo de esas intuiciones: el período del gobierno de Alfonsín y la emisión del informe Nunca Más; los gobiernos de Menem; y los inicios del gobierno de Kirchner. Los traigo a colación, dado que si bien no son los únicos “espacios de juego” de las memorias de un país – recordemos que ellas siempre son campo de lucha, donde muchos agentes, capitales y representaciones están en disputa y litigio- resultan siendo coyunturas políticas y escenarios institucionales de poder político singulares y definitivos para una nación. Comprenderlos en este seminario, permitirá reconocer las maneras cómo una nación recupera e instrumentaliza con cierto grado de hegemonía y desde determinados agentes gubernamentales, los usos y las resignificaciones del pasado.
El gobierno de Raúl Alfonsín (1983 – 1989), que es el primer gobierno de la transición, aparece como el encuadre institucional de restauración del estado de derecho, tras largos y sombríos años de “mal radical”[7]. Es un momento propicio para la recuperación de una memoria política que sirva a los fines de la transición. El pasado recuperado se articula a un ideario de reconciliación nacional y a una especie de orden de discurso centrado en la retórica de los derechos humanos que en el marco de una justicia transicional, haga posible una verdad de lo ocurrido “socialmente aceptable”, y que se corresponda con el grado de evidencia disponible. En palabras de la autora, es el momento en el que comienza a elaborarse una “oferta de sentido que combine dosis de memoria y olvido respecto del pasado reciente, que sea plausible socialmente [….] que atribuya responsabilidades sin profundizar divisiones que impliquen costosos riesgos políticos” (2007: 267).
Un papel importante en ese período y en esa lógica transicional, lo van a jugar tanto el informe Nunca Más como “el juicio del siglo” a las juntas militares entre abril y diciembre de 1985. Ambos terminan catapultando un “escenario del primer relato testimonial colectivo que reconstruyó públicamente la escena del horror”[8]. Con ellos aparece en escena una memoria política emblemática que es ante todo una memoria ciudadana que recupera y denuncia literalmente un pasado cruento de la represión militar, visibiliza la tipología de actos de crueldad, los centros clandestinos de detención y abre paso a los procesos judiciales de los militares. No hay sin embargo en este pasado recuperado, una intención de historización de lo ocurrido (posiblemente esto si fue la intención de otros informes de comisiones, estoy pensando en la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala – 1997), sino ante todo la lógica de transición y reconciliación. Si bien, se trata de hacer visible la escena del horror, lo que se pretende en últimas es rápidamente transitar hacia una visión normativa de democracia que sirva a los intereses de la nación alfonsinista. Ahora bien, en este contexto, la autora va a mencionar como clave dos asuntos que quisiera también destacar aquí por su importancia en la forma de narrar y tramitar el pasado. El peso del testimonio de las víctimas y sobrevivientes; y cierta narrativa transicional ligada a la denominada teoría de los dos demonios.
Ahora bien, si hay un país de Latinoamérica donde los testimonios de las víctimas y sobrevivientes, se transforman en el insumo básico de la memoria, ese es Argentina. Son claves además no sólo por el dramatismo y dolor que transmiten a una nación que necesita saber públicamente que ocurrió durante los años de terror, sino porque ante todo “revelan su capacidad privilegiada como vehículos de la memoria” (2007: 268). El asunto es que estos testimonios recuperados, son instrumentalizados políticamente durante este período. Cuando se reproducen en el informe Nunca Más, aparecen desubjetivando a la víctima de su pasado político de militancia y de su identidad revolucionaria, para presentarlos como testimonios de un dolor ciudadano, de un dolor nacional que es el experimentado por toda la nación argentina, a través de las figuras del obrero, del profesor, del oficinista, del hijo, del estudiante, del esposo, del hermano desaparecido, torturado, asesinado. Esto, desde luego, no es solo particular del informe final del Nunca Más, donde parece más evidente, sino también de los discursos de la transición en general (Crenzel, 2008). De todas formas, para Rabotnikof, esta victima protagonista en este período, “aparece por primera vez con una identidad moral en el marco de los derechos humanos y esto ya significa un primer reconocimiento a la restitución de sus derechos” (Rabotnikof, 2007: 268).
No obstante, la desubjetivación oficial de la beligerancia y de la militancia de las víctimas, revela en el escenario argentino una confrontación con ciertos motores de la memoria qué entienden y conciben los ejercicios memoriales también de otro modo; no solo a nivel de ejercicios de memoria ciudadana, centrados en narrativas de dolor y reivindicación humanitaria, sino también en espacios de resistencia y de lucha contra el olvido. Precisamente, esta es la bandera de lucha de asociaciones como las de Madres de Plaza de Mayo y de HIJOS[9]. Su lucha estará orientada desde los años ochenta y noventa a visibilizar menos la condición de víctima ciudadana, y más la condición de militancia de los desaparecidos, incluso, frente al ocultamiento político que se hizo o pretendió hacer de ellas en sus inicios; o frente a la normalización que buscaron ciertos colectivos de derechos humanos.
Posiblemente para algunos, el efecto que tuvo el despojo a la víctima de su pasado militante y revolucionario, fue alivianar al pasado traumático de este país y garantizar la transición rápida al Nunca Más. Para otros, fue simplemente un olvido impuesto y manufacturado oficialmente, sobre una parte de la verdad de la historia política argentina. Lo interesante aquí, es que esa recuperación de la membrecía política de las víctimas arroja preguntas válidas hasta el día de hoy, sobre un pasado que no acaba de cerrar para los argentinos: ¿permitió en su momento un tránsito más liviano a la democracia y al ideario de “unidad nacional”?, ¿evitó intencionalmente la discusión sobre la politicidad de las memorias y de sus protagonistas? , ¿por qué ahora, y no antes, especialmente en la era Kirchner, se pretende recuperar parte de ese pasado militante?
Pero, además del papel del testimonio como vehículo de la memoria, emerge una discusión en este escenario nacional de la narrativa transicional de los dos demonios. Esta teoría aparece consignada desde el primer prólogo del Nunca Más (1984)[10]. Básicamente, es una lectura oficial que equipara las violencias de la guerrilla y las del Estado y propende por reivindicar la condición de la sociedad argentina como un “nosotros” víctima inocente. Esta visión tiene el efecto de generar un “recorte” intencional” en el campo del recuerdo, ya que sólo entra en él, todo aquello que estaba delimitado por estos dos demonios. Para Rabotnikof, la consecuencia directa de esta edición temporal, es que aparentemente no hubo otras memorias - las de otros pasados más lejanos - que aquellas que estaban tipificadas en esa narrativa transicional. De otra parte, podría leerse esta teoría en función del momento histórico que vivía Argentina, que buscó con ella una justicia simétrica que condenara por igual la violencia de cualquier signo y garantice la reconciliación de toda la sociedad. Sin embargo, lo cierto es que hasta el día de hoy esa teoría ha dejado su huella en el curso que tomaron las memorias políticas de la represión en Argentina y también en otros países.
De hecho, me parece que ha ido ganando terreno en Colombia, cuando desde ciertas posturas oficiales, se pretende equiparar y justificar al mismo nivel la violencia paramilitar con la guerrillera, situando a toda la sociedad (dentro de ella se sitúa sospechosamente a los empresarios, a los políticos, a los gremios) en una zona de victimismo y vulnerabilidad absoluta. Siguiendo aquí, al historiador guatemalteco Arturo Taracena, esta teoría funcionaría a nivel de un gran sándwich donde actores como la oligarquía, los partidos políticos institucionales, las iglesias, los intelectuales, las universidades, las gremiales, los sindicatos, los campesinos, los indígenas, etcétera, estuvieron atrapados en medio de la brutalidad bélica de dos grandes actores, el ejército y la guerrilla[11]. Desconociendo con ello las responsabilidades y asimetrías en el uso y abuso del poder de distintos actores y sectores.
En cuanto a las dos presidencias de Carlos Menem (1989 – 1999), la autora considera que lo que allí operó en términos de políticas de la memoria fue “una gran fuga hacia delante” (2007: 273). Es decir, amparado en la retórica ya no de la transición alfonsinista, sino de la “pacificación del país”, a raíz de los levantamientos de los militares (1987, 1988 y 1990) por las denominadas leyes de punto final y obediencia debida, y con la crisis de hiperinflación económica, el gobierno de Menem hace uso del discurso memorial para legitimar la necesidad “del cierre legal” con la cuestión militar. Si con el gobierno de Alfonsín se pretendió soportar el discurso de la transición sobre la recuperación de un cierto pasado funcional, con los dos gobiernos de Menem, se buscó en esencia clausurar rápidamente ese pasado, desplegando la atención nacional hacia otros terrenos, especialmente el económico. El asunto problemático aquí, es que se operó desde decisiones personalistas, y no como parte de discusiones ciudadanas sobre la tramitación del pasado. El indulto en 1989 a 277 acusados, la mayoría militares y algunos guerrilleros[12] fue la mejor expresión de ese cierre con el pasado. Sin embargo, Menem en esto jugó políticamente de dos maneras. Pretendió cerrar el pasado militar, con los indultos incluso a los miembros de las juntas militares, pero quiso ser ejemplar frente a todo aquel que se quisiera levantar después, castigando severamente a los protagonistas del levantamiento de 1987.
Sin embargo, este gobierno no previó que con ese cierre no se podían ahogar las distintas capas memoriales que se venían superponiendo lentamente en el país. La clausura legal de la cuestión militar lo que hizo fue reabrir nuevos escenarios de lucha memorial. Para algunas interpretaciones, como la de Jelin, los indultos de Menem van a significar un golpe fuerte para el movimiento de derechos humanos[13]. Para Rabotnikof, dicha “clausura legal de la cuestión militar en Argentina [produjo] transformaciones en las políticas de la memoria de los diversos actores y, puede decirse, en las formas de ejercicio de la memoria colectiva” (2007: 274). Precisamente, a partir de los años noventa, lo que se experimenta en este país, es una especie de tránsito de la “denuncia y la demanda de justicia a la recordación y la función didáctica de la memoria” (Lorenz, 2002: 80). Las memorias emblemáticas dejan de ser solo escenarios y depósitos de denuncia de los activistas y se convierten también en lugares de debate público para grandes sectores de la sociedad. Con este nuevo escenario no es extraño entonces que emerjan unas memorias políticas ligadas al rescate de la subjetividad política de las víctimas y de los sobrevivientes, y se geste una especie de recuperación política y terapéutica del pasado.
Finalmente, se asiste con el gobierno de Néstor Kirchner (2003 – 2007), al menos en sus inicios, a una especie de auge de un pasado emblemático que se debe conmemorar y celebrar, además de recuperar desde la subjetividad de las víctimas. Si bien, este proceso ya había comenzado como una consecuencia inesperada, a propósito del cierre legal de la cuestión militar auspiciada por Menem, encuentra en Kirchner su principal detonante. Uno de los episodios que mejor permite explicar esto, lo encontramos en la celebración que el recién electo presidente adelanta el 24 de marzo de 2004 en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), a 28 años del golpe militar. Esta fecha bastante disputada en Argentina como señala Lorenz (2002), adquiere una connotación significativa en 2004, dado el protagonismo ocupado por los y las sobrevivientes de la ESMA, ahora convertida en museo de la memoria luego de ser uno de los principales centros de detención durante el gobierno de las juntas militares.
En ese escenario de conmemoración, Kirchner aparece reivindicando su pertenencia a la generación de los setenta, y junto a él, las Madres, hermanos, HIJOS, y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Desde la lectura de Rabotnikof, este gesto presidencial “resignifica los años setenta y da una identidad política a la generación por él representada” (2007: 279). Para otros como Jelin (2006) Lo significativo es que en este escenario se asume como una especie de destino político manifiesto de un presidente (como nunca había ocurrido en la historia argentina) un pasado no debidamente tramitado o no debidamente reconocido. Kirchner funge entonces como la figura pública que rescata el rol importante de nuevas generaciones de luchadores y mantenedores de las memorias como HIJOS y HERMANOS.
Aparentemente, antes que desplazar las memorias ciudadanas de las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, lo que hacen estas memorias es ampliar, matizar, o llegado el caso cuestionar las zonas grises de las viejas memorias. Sin embargo, este tema amerita más discusión que resultaría excesiva para esta exposición. Por ahora solo diré que al día de hoy, Argentina parece pasar por un efecto de recuperación de memorias vivas pero bastante divididas y fragmentarias. Y esto se lleva a cabo dentro de “boom conmemorativo”, que es interpretado de diversas maneras. Para algunos es expresión de que quizá no existe todavía un exceso memorial sino más bien déficit; para otros, esté significando que “ya se tiene suficiente memoria y lo que habría que hacer es empezar a hacer historia” (2007: 282). El debate aún continúa aquí.
Quisiera cerrar este texto, manifestando que el camino de aprendizajes desde la experiencia argentina, es largo aún pero promisorio para nuestro país. Este texto nos ha permitido entrever en ese sentido, ¿cómo? es que los gobiernos recuperan cierto pasado de violencia de una nación, y en función ¿de qué? apuestas políticas lo hacen en sus presentes. Esto es vital entenderlo, especialmente cuando desde el oficialismo uribista se pretende de manera cuestionable situar la recuperación de la memoria en función de garantizar procesos de justicia y paz sólo con algunas víctimas y no con todas las que ha dejado la guerra en este país. Y cuando se pretende subordinar la reparación y la verdad de las víctimas a la desmovilización y reintegración de los victimarios.
De todas formas, para no forzar las cosas es necesario reconocer que el caso colombiano, es a todas leguas distinto del argentino, recordemos que hablamos de un contexto donde no hay transición y se quiere imponer justicia transicional en medio de la guerra, y otro, donde hubo una transición por derrumbamiento de la dictadura. Sin embargo, podría ser útil recoger la experiencia y los acumulados ganados en ese país, en materia de cómo contrarrestar el efecto del oficialismo de querer manufacturar ciertos consensos en torno a la tramitación de sus pasados. Aquí las organizaciones de víctimas deberían jugar un papel crucial como motoras y mantenedoras d la memoria. Especialmente en un contexto donde el gobierno ofrece a los victimarios penas irrisorias por sus delitos y donde se pide perdón público a las víctimas y se promete reconciliación nacional entre víctimas y victimarios casi que al mismo nivel, sin reconocer primariamente las culpas históricas que le atañen al Estado como uno de los mayores perpetradores de crímenes[14].
Intuyo por ahora, que en un proceso de justicia y paz como el que actualmente se adelanta, en el que, por una parte, se pretenda “reconciliar a una nación” sin una historización seria de las causas y consecuencias del conflicto y, por otra, se niegue el reconocimiento a las víctimas que el mismo ha generado, y por ende la dimensión política de sus luchas, excluyéndolas de “las memorias del conflicto”, estaría de antemano condenado a parcializar la historia nacional y negar gran parte de las memorias ciudadanas. Este no ha sido el caso argentino, pero es definitivamente uno de los asuntos centrales a resolver hoy en Colombia.
[1] Se encuentra publicado en Clara E. Lida, Horacio Crespo y Pablo Yankelevich (comp.) 2007. Argentina, 1976. Estudios en torno al golpe de Estado. México: El Colegio de México; p. p 260 – 261..
[2] La autora es nacida en Argentina y ciudadana Mexicana. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
[3] Este artículo se expuso y se comentó en el seminario de Memoria e Identidad, coordinado por la Dra. Eugenia Allier, en la sesión de octubre 30 de 2009, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, México
[4] De hecho el pasado nunca acaba de cerrar por más proyectos oficiales y no oficiales de justicia retrospectiva que existan, o por más ejercicios sociales y políticos de memoria que emprendan los gobiernos, las organizaciones de víctimas o los colectivos de derechos humanos. Como han reconocido algunas autoras, “no hay un ningún ´cierre´ definitivo, como indica el continuo y constantemente renovado debate sobre el Holocausto”. Cfr. Alexandra Barahona de Brito, Paloma Aguilar Fernández y Carmen González Enríquez (eds.). 2002. Las políticas hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias. Madrid: Istmo; p. 66.
[5] Cfr. Sánchez, Gonzalo. 2003. Guerras, memoria e historia. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH; p. 89
[6] Esta discusión se puede ampliar en otro texto de la autora, Rabotnikof, N. 2007. ¿Una memoria presentista? (Acerca de una tesis de Francois Hartog). En Aguilez Ibargüen, María y Naldman, Gilder (coord). Memorias incógnitas. Contiendas en la historia. México: UNAM.
[7] La lectura que se hizo de la dictadura desde filósofos como Carlos Nino, influido por su lectura de Hannah Arendt. Cfr. Nino, Carlos (1997): “El castigo como respuesta a las violaciones a los derechos humanos. Una perspectiva global" en Juicio al mal absoluto. Los fundamentos y la historia del juicio a las juntas del proceso. Buenos Aires: Emecé, pp. 17-75.
[8] Crenzel. E. 2003. “El testimonio en una memoria ciudadana: el informe Nunca más” Revista de Estudios Avanzados, Buenos Aires; p. 78. Esta discusión se amplía en Crenzel, E. 2008. La Historia Política del Nunca Más. La memoria de las desapariciones en Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI.
[9]Agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el olvido y el silencio, fundada hace más de 13 años en Argentina y que ha sido replicada en muchos países de América Latina.
[10] Según Crenzel, “en 2006 la editorial Eudeba volvería a publicar una nueva edición del informe, de 3000 ejemplares, donde se presenta la reincorporación actualizada de los anexos con las listas de desaparecidos y centros clandestinos registrados, y la edición de un nuevo prólogo firmado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación” (Crenzel, 2008: 174). Con este prólogo se quería exponer una lectura diferente de este pasado, sobre todo como parte de una nueva apuesta política del gobierno de Kirchner con las memorias militantes; sin embargo, para Crenzel, se termina recayendo también en una falta de historización del pasado de violencia política y horror que atravesó el país antes y durante la dictadura.
[11] Cfr. Taracena Arriola, Arturo. 2007. “La experiencia de un historiador en la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala” en Anne Pérotin-Dumon (coordinadora). Historizar el pasado vivo en América Latina. Disponible en: http://etica.uahurtado.cl/historizarelpasadovivo/es_contenido.php.Consultado 12 de junio de 2009.
[12] Cfr. Rabotnikof (2007); pero también Lorenz, Federico Guillermo. 2002. “¿De quién es el 24 de Marzo? Las luchas por la memoria del golpe de 1976”; Jelin, E (comp.) Las conmemoraciones: las disputas en las fechas “in-felices” Madrid: Siglo XXI; pp. 53 – 100.
[13] Cfr. Jelin, Elizabeth. 2005. “Los derechos humanos entre el Estado y la sociedad” en Suriano, Juan (dirección del tomo). Nueva Historia Argentina. Dictadura y Democracia (1976 – 2001). Buenos Aires: Sudamericana
[14] La discusión sobre la naturaleza del perdón, es decir si este debe ser condicionado o no; o si es posible o no que éste exista; o hasta qué punto debe o no ser instrumento político de los Estados; o si es o no atribución única de los individuos, excede nuestros intereses en este texto. Sin embargo, la lectura que hace el filósofo francés, Jacques Derrida, podría ser útil al respecto. Cfr. El siglo y el perdón. 2003. Entrevista con Michel Wieviorka. Traducción de Mirta Segoviano en El siglo y el perdón seguida de Fe y saber. Buenos Aires, Ediciones de la Flor; p. 7 – 39.
Ahora bien, dos conceptos articulan el texto de la profesora Rabotnikof: memorias de la política y políticas de la memoria. De entrada sería interesante reconocer que los dos resultan útiles para nosotros, en cuanto caja de herramientas, para analizar en escenarios nacionales distintos al argentino los procesos de tramitación y usos políticos de los pasados recientes. El primer concepto, según la autora, está ligado a “todas aquellas formas y narraciones a través de las cuales los “fueron contemporáneos de un periodo (aunque no solo ellos) construyen el recuerdo de ese pasado político, narran sus experiencias y articulan, de manera polémica, pasado, presente y futuro” (2007: 260). El segundo concepto comprende “las formas de gestionar o de lidiar con ese pasado, a través de medidas de justicia retroactiva, juicios históricos –políticos, instauración de conmemoraciones, fechas y lugares, apropiaciones simbólicas de distinto tipo” (2007: 261).
Con el primer concepto nos enfrentamos a las narrativas presentes en la construcción del pasado, con el segundo a los procesos políticos de tramitación. Lo interesante es que ambas dimensiones, la narrativa y la política, tienen un lugar común de despliegue: los espacios públicos. Ambas dimensiones también permiten comprender que la memoria es un “territorio esencialmente político”. Territorio, que según dice el historiador colombiano Gonzalo Sánchez, no lo es sólo por “su relación con los usos del poder, ´la memoria nacional´, sino por su relación con los grupos sociales, ´la memoria colectiva´”[5]. En este texto, lo autobiográfico, lo nacional y lo colectivo se descubren entonces como dimensiones de la construcción de un pasado.
La autora trata de desarrollar y poner en juego dos grandes intuiciones en relación con esas dos nociones. La primera, es que las memorias de la política y las políticas de la memoria han sufrido transformaciones en distintos presentes políticos durante estos treinta años en Argentina. La segunda, es que la reivindicación de la memoria, desde diversos agentes y motores memoriales, no siempre incorporó una reflexión aguda sobre los mecanismos, las trampas y las paradojas que ella acarrea. Aunque la autora reconoce que desde hace un tiempo para acá las cosas comienzan a cambiar en Argentina, quizá por la influencia que tiene el clima cultural generado por el boom memorialístico europeo de los años ochenta. De forma recurrente, Argentina comienza entonces a fijar su mirada, desde sus analistas, actores sociales y gobiernos, en “los usos del pasado, las distintas formas de narrarlo y las diferentes ofertas de sentido” (2007: 264). Sin embargo, también esa “aproximación más reflexiva a la memoria” expresa los rasgos presentistas de la memoria, y de esa “era conmemorativa”, que hiperfuncionaliza ciertos pasados en función de ciertos presentes[6].
Precisamente, una de las labores de la autora, que asume el reto de volver sobre las huellas memoriales de una violencia que afectó su biografía y el contexto nacional, es desentrañar las múltiples facetas y dimensiones de ese pasado –pasado y/o pasado – reciente. En ese camino, es consciente que para algunos un escenario como el argentino, resulta ya “saturado de memoria”; para otros en cambio, el pasado es “recuperado y ampliado” en función de nuevas generaciones de luchadores (Hijos o Hermanos), y quizá para los viejos motores de la memoria en este país (Madres y Abuelas), sea indispensable seguir reabriendo los debates que quedaron inconclusos.
Quisiera, no obstante, pese a la riqueza de temáticas del texto, destacar en este breve comentario del artículo de la profesora Rabotnikof, tres momentos institucionales de la historia argentina reciente, donde pueden colocarse en juego el contenido mismo de esas intuiciones: el período del gobierno de Alfonsín y la emisión del informe Nunca Más; los gobiernos de Menem; y los inicios del gobierno de Kirchner. Los traigo a colación, dado que si bien no son los únicos “espacios de juego” de las memorias de un país – recordemos que ellas siempre son campo de lucha, donde muchos agentes, capitales y representaciones están en disputa y litigio- resultan siendo coyunturas políticas y escenarios institucionales de poder político singulares y definitivos para una nación. Comprenderlos en este seminario, permitirá reconocer las maneras cómo una nación recupera e instrumentaliza con cierto grado de hegemonía y desde determinados agentes gubernamentales, los usos y las resignificaciones del pasado.
El gobierno de Raúl Alfonsín (1983 – 1989), que es el primer gobierno de la transición, aparece como el encuadre institucional de restauración del estado de derecho, tras largos y sombríos años de “mal radical”[7]. Es un momento propicio para la recuperación de una memoria política que sirva a los fines de la transición. El pasado recuperado se articula a un ideario de reconciliación nacional y a una especie de orden de discurso centrado en la retórica de los derechos humanos que en el marco de una justicia transicional, haga posible una verdad de lo ocurrido “socialmente aceptable”, y que se corresponda con el grado de evidencia disponible. En palabras de la autora, es el momento en el que comienza a elaborarse una “oferta de sentido que combine dosis de memoria y olvido respecto del pasado reciente, que sea plausible socialmente [….] que atribuya responsabilidades sin profundizar divisiones que impliquen costosos riesgos políticos” (2007: 267).
Un papel importante en ese período y en esa lógica transicional, lo van a jugar tanto el informe Nunca Más como “el juicio del siglo” a las juntas militares entre abril y diciembre de 1985. Ambos terminan catapultando un “escenario del primer relato testimonial colectivo que reconstruyó públicamente la escena del horror”[8]. Con ellos aparece en escena una memoria política emblemática que es ante todo una memoria ciudadana que recupera y denuncia literalmente un pasado cruento de la represión militar, visibiliza la tipología de actos de crueldad, los centros clandestinos de detención y abre paso a los procesos judiciales de los militares. No hay sin embargo en este pasado recuperado, una intención de historización de lo ocurrido (posiblemente esto si fue la intención de otros informes de comisiones, estoy pensando en la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala – 1997), sino ante todo la lógica de transición y reconciliación. Si bien, se trata de hacer visible la escena del horror, lo que se pretende en últimas es rápidamente transitar hacia una visión normativa de democracia que sirva a los intereses de la nación alfonsinista. Ahora bien, en este contexto, la autora va a mencionar como clave dos asuntos que quisiera también destacar aquí por su importancia en la forma de narrar y tramitar el pasado. El peso del testimonio de las víctimas y sobrevivientes; y cierta narrativa transicional ligada a la denominada teoría de los dos demonios.
Ahora bien, si hay un país de Latinoamérica donde los testimonios de las víctimas y sobrevivientes, se transforman en el insumo básico de la memoria, ese es Argentina. Son claves además no sólo por el dramatismo y dolor que transmiten a una nación que necesita saber públicamente que ocurrió durante los años de terror, sino porque ante todo “revelan su capacidad privilegiada como vehículos de la memoria” (2007: 268). El asunto es que estos testimonios recuperados, son instrumentalizados políticamente durante este período. Cuando se reproducen en el informe Nunca Más, aparecen desubjetivando a la víctima de su pasado político de militancia y de su identidad revolucionaria, para presentarlos como testimonios de un dolor ciudadano, de un dolor nacional que es el experimentado por toda la nación argentina, a través de las figuras del obrero, del profesor, del oficinista, del hijo, del estudiante, del esposo, del hermano desaparecido, torturado, asesinado. Esto, desde luego, no es solo particular del informe final del Nunca Más, donde parece más evidente, sino también de los discursos de la transición en general (Crenzel, 2008). De todas formas, para Rabotnikof, esta victima protagonista en este período, “aparece por primera vez con una identidad moral en el marco de los derechos humanos y esto ya significa un primer reconocimiento a la restitución de sus derechos” (Rabotnikof, 2007: 268).
No obstante, la desubjetivación oficial de la beligerancia y de la militancia de las víctimas, revela en el escenario argentino una confrontación con ciertos motores de la memoria qué entienden y conciben los ejercicios memoriales también de otro modo; no solo a nivel de ejercicios de memoria ciudadana, centrados en narrativas de dolor y reivindicación humanitaria, sino también en espacios de resistencia y de lucha contra el olvido. Precisamente, esta es la bandera de lucha de asociaciones como las de Madres de Plaza de Mayo y de HIJOS[9]. Su lucha estará orientada desde los años ochenta y noventa a visibilizar menos la condición de víctima ciudadana, y más la condición de militancia de los desaparecidos, incluso, frente al ocultamiento político que se hizo o pretendió hacer de ellas en sus inicios; o frente a la normalización que buscaron ciertos colectivos de derechos humanos.
Posiblemente para algunos, el efecto que tuvo el despojo a la víctima de su pasado militante y revolucionario, fue alivianar al pasado traumático de este país y garantizar la transición rápida al Nunca Más. Para otros, fue simplemente un olvido impuesto y manufacturado oficialmente, sobre una parte de la verdad de la historia política argentina. Lo interesante aquí, es que esa recuperación de la membrecía política de las víctimas arroja preguntas válidas hasta el día de hoy, sobre un pasado que no acaba de cerrar para los argentinos: ¿permitió en su momento un tránsito más liviano a la democracia y al ideario de “unidad nacional”?, ¿evitó intencionalmente la discusión sobre la politicidad de las memorias y de sus protagonistas? , ¿por qué ahora, y no antes, especialmente en la era Kirchner, se pretende recuperar parte de ese pasado militante?
Pero, además del papel del testimonio como vehículo de la memoria, emerge una discusión en este escenario nacional de la narrativa transicional de los dos demonios. Esta teoría aparece consignada desde el primer prólogo del Nunca Más (1984)[10]. Básicamente, es una lectura oficial que equipara las violencias de la guerrilla y las del Estado y propende por reivindicar la condición de la sociedad argentina como un “nosotros” víctima inocente. Esta visión tiene el efecto de generar un “recorte” intencional” en el campo del recuerdo, ya que sólo entra en él, todo aquello que estaba delimitado por estos dos demonios. Para Rabotnikof, la consecuencia directa de esta edición temporal, es que aparentemente no hubo otras memorias - las de otros pasados más lejanos - que aquellas que estaban tipificadas en esa narrativa transicional. De otra parte, podría leerse esta teoría en función del momento histórico que vivía Argentina, que buscó con ella una justicia simétrica que condenara por igual la violencia de cualquier signo y garantice la reconciliación de toda la sociedad. Sin embargo, lo cierto es que hasta el día de hoy esa teoría ha dejado su huella en el curso que tomaron las memorias políticas de la represión en Argentina y también en otros países.
De hecho, me parece que ha ido ganando terreno en Colombia, cuando desde ciertas posturas oficiales, se pretende equiparar y justificar al mismo nivel la violencia paramilitar con la guerrillera, situando a toda la sociedad (dentro de ella se sitúa sospechosamente a los empresarios, a los políticos, a los gremios) en una zona de victimismo y vulnerabilidad absoluta. Siguiendo aquí, al historiador guatemalteco Arturo Taracena, esta teoría funcionaría a nivel de un gran sándwich donde actores como la oligarquía, los partidos políticos institucionales, las iglesias, los intelectuales, las universidades, las gremiales, los sindicatos, los campesinos, los indígenas, etcétera, estuvieron atrapados en medio de la brutalidad bélica de dos grandes actores, el ejército y la guerrilla[11]. Desconociendo con ello las responsabilidades y asimetrías en el uso y abuso del poder de distintos actores y sectores.
En cuanto a las dos presidencias de Carlos Menem (1989 – 1999), la autora considera que lo que allí operó en términos de políticas de la memoria fue “una gran fuga hacia delante” (2007: 273). Es decir, amparado en la retórica ya no de la transición alfonsinista, sino de la “pacificación del país”, a raíz de los levantamientos de los militares (1987, 1988 y 1990) por las denominadas leyes de punto final y obediencia debida, y con la crisis de hiperinflación económica, el gobierno de Menem hace uso del discurso memorial para legitimar la necesidad “del cierre legal” con la cuestión militar. Si con el gobierno de Alfonsín se pretendió soportar el discurso de la transición sobre la recuperación de un cierto pasado funcional, con los dos gobiernos de Menem, se buscó en esencia clausurar rápidamente ese pasado, desplegando la atención nacional hacia otros terrenos, especialmente el económico. El asunto problemático aquí, es que se operó desde decisiones personalistas, y no como parte de discusiones ciudadanas sobre la tramitación del pasado. El indulto en 1989 a 277 acusados, la mayoría militares y algunos guerrilleros[12] fue la mejor expresión de ese cierre con el pasado. Sin embargo, Menem en esto jugó políticamente de dos maneras. Pretendió cerrar el pasado militar, con los indultos incluso a los miembros de las juntas militares, pero quiso ser ejemplar frente a todo aquel que se quisiera levantar después, castigando severamente a los protagonistas del levantamiento de 1987.
Sin embargo, este gobierno no previó que con ese cierre no se podían ahogar las distintas capas memoriales que se venían superponiendo lentamente en el país. La clausura legal de la cuestión militar lo que hizo fue reabrir nuevos escenarios de lucha memorial. Para algunas interpretaciones, como la de Jelin, los indultos de Menem van a significar un golpe fuerte para el movimiento de derechos humanos[13]. Para Rabotnikof, dicha “clausura legal de la cuestión militar en Argentina [produjo] transformaciones en las políticas de la memoria de los diversos actores y, puede decirse, en las formas de ejercicio de la memoria colectiva” (2007: 274). Precisamente, a partir de los años noventa, lo que se experimenta en este país, es una especie de tránsito de la “denuncia y la demanda de justicia a la recordación y la función didáctica de la memoria” (Lorenz, 2002: 80). Las memorias emblemáticas dejan de ser solo escenarios y depósitos de denuncia de los activistas y se convierten también en lugares de debate público para grandes sectores de la sociedad. Con este nuevo escenario no es extraño entonces que emerjan unas memorias políticas ligadas al rescate de la subjetividad política de las víctimas y de los sobrevivientes, y se geste una especie de recuperación política y terapéutica del pasado.
Finalmente, se asiste con el gobierno de Néstor Kirchner (2003 – 2007), al menos en sus inicios, a una especie de auge de un pasado emblemático que se debe conmemorar y celebrar, además de recuperar desde la subjetividad de las víctimas. Si bien, este proceso ya había comenzado como una consecuencia inesperada, a propósito del cierre legal de la cuestión militar auspiciada por Menem, encuentra en Kirchner su principal detonante. Uno de los episodios que mejor permite explicar esto, lo encontramos en la celebración que el recién electo presidente adelanta el 24 de marzo de 2004 en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), a 28 años del golpe militar. Esta fecha bastante disputada en Argentina como señala Lorenz (2002), adquiere una connotación significativa en 2004, dado el protagonismo ocupado por los y las sobrevivientes de la ESMA, ahora convertida en museo de la memoria luego de ser uno de los principales centros de detención durante el gobierno de las juntas militares.
En ese escenario de conmemoración, Kirchner aparece reivindicando su pertenencia a la generación de los setenta, y junto a él, las Madres, hermanos, HIJOS, y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Desde la lectura de Rabotnikof, este gesto presidencial “resignifica los años setenta y da una identidad política a la generación por él representada” (2007: 279). Para otros como Jelin (2006) Lo significativo es que en este escenario se asume como una especie de destino político manifiesto de un presidente (como nunca había ocurrido en la historia argentina) un pasado no debidamente tramitado o no debidamente reconocido. Kirchner funge entonces como la figura pública que rescata el rol importante de nuevas generaciones de luchadores y mantenedores de las memorias como HIJOS y HERMANOS.
Aparentemente, antes que desplazar las memorias ciudadanas de las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, lo que hacen estas memorias es ampliar, matizar, o llegado el caso cuestionar las zonas grises de las viejas memorias. Sin embargo, este tema amerita más discusión que resultaría excesiva para esta exposición. Por ahora solo diré que al día de hoy, Argentina parece pasar por un efecto de recuperación de memorias vivas pero bastante divididas y fragmentarias. Y esto se lleva a cabo dentro de “boom conmemorativo”, que es interpretado de diversas maneras. Para algunos es expresión de que quizá no existe todavía un exceso memorial sino más bien déficit; para otros, esté significando que “ya se tiene suficiente memoria y lo que habría que hacer es empezar a hacer historia” (2007: 282). El debate aún continúa aquí.
Quisiera cerrar este texto, manifestando que el camino de aprendizajes desde la experiencia argentina, es largo aún pero promisorio para nuestro país. Este texto nos ha permitido entrever en ese sentido, ¿cómo? es que los gobiernos recuperan cierto pasado de violencia de una nación, y en función ¿de qué? apuestas políticas lo hacen en sus presentes. Esto es vital entenderlo, especialmente cuando desde el oficialismo uribista se pretende de manera cuestionable situar la recuperación de la memoria en función de garantizar procesos de justicia y paz sólo con algunas víctimas y no con todas las que ha dejado la guerra en este país. Y cuando se pretende subordinar la reparación y la verdad de las víctimas a la desmovilización y reintegración de los victimarios.
De todas formas, para no forzar las cosas es necesario reconocer que el caso colombiano, es a todas leguas distinto del argentino, recordemos que hablamos de un contexto donde no hay transición y se quiere imponer justicia transicional en medio de la guerra, y otro, donde hubo una transición por derrumbamiento de la dictadura. Sin embargo, podría ser útil recoger la experiencia y los acumulados ganados en ese país, en materia de cómo contrarrestar el efecto del oficialismo de querer manufacturar ciertos consensos en torno a la tramitación de sus pasados. Aquí las organizaciones de víctimas deberían jugar un papel crucial como motoras y mantenedoras d la memoria. Especialmente en un contexto donde el gobierno ofrece a los victimarios penas irrisorias por sus delitos y donde se pide perdón público a las víctimas y se promete reconciliación nacional entre víctimas y victimarios casi que al mismo nivel, sin reconocer primariamente las culpas históricas que le atañen al Estado como uno de los mayores perpetradores de crímenes[14].
Intuyo por ahora, que en un proceso de justicia y paz como el que actualmente se adelanta, en el que, por una parte, se pretenda “reconciliar a una nación” sin una historización seria de las causas y consecuencias del conflicto y, por otra, se niegue el reconocimiento a las víctimas que el mismo ha generado, y por ende la dimensión política de sus luchas, excluyéndolas de “las memorias del conflicto”, estaría de antemano condenado a parcializar la historia nacional y negar gran parte de las memorias ciudadanas. Este no ha sido el caso argentino, pero es definitivamente uno de los asuntos centrales a resolver hoy en Colombia.
[1] Se encuentra publicado en Clara E. Lida, Horacio Crespo y Pablo Yankelevich (comp.) 2007. Argentina, 1976. Estudios en torno al golpe de Estado. México: El Colegio de México; p. p 260 – 261..
[2] La autora es nacida en Argentina y ciudadana Mexicana. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
[3] Este artículo se expuso y se comentó en el seminario de Memoria e Identidad, coordinado por la Dra. Eugenia Allier, en la sesión de octubre 30 de 2009, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, México
[4] De hecho el pasado nunca acaba de cerrar por más proyectos oficiales y no oficiales de justicia retrospectiva que existan, o por más ejercicios sociales y políticos de memoria que emprendan los gobiernos, las organizaciones de víctimas o los colectivos de derechos humanos. Como han reconocido algunas autoras, “no hay un ningún ´cierre´ definitivo, como indica el continuo y constantemente renovado debate sobre el Holocausto”. Cfr. Alexandra Barahona de Brito, Paloma Aguilar Fernández y Carmen González Enríquez (eds.). 2002. Las políticas hacia el pasado. Juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias. Madrid: Istmo; p. 66.
[5] Cfr. Sánchez, Gonzalo. 2003. Guerras, memoria e historia. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH; p. 89
[6] Esta discusión se puede ampliar en otro texto de la autora, Rabotnikof, N. 2007. ¿Una memoria presentista? (Acerca de una tesis de Francois Hartog). En Aguilez Ibargüen, María y Naldman, Gilder (coord). Memorias incógnitas. Contiendas en la historia. México: UNAM.
[7] La lectura que se hizo de la dictadura desde filósofos como Carlos Nino, influido por su lectura de Hannah Arendt. Cfr. Nino, Carlos (1997): “El castigo como respuesta a las violaciones a los derechos humanos. Una perspectiva global" en Juicio al mal absoluto. Los fundamentos y la historia del juicio a las juntas del proceso. Buenos Aires: Emecé, pp. 17-75.
[8] Crenzel. E. 2003. “El testimonio en una memoria ciudadana: el informe Nunca más” Revista de Estudios Avanzados, Buenos Aires; p. 78. Esta discusión se amplía en Crenzel, E. 2008. La Historia Política del Nunca Más. La memoria de las desapariciones en Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI.
[9]Agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el olvido y el silencio, fundada hace más de 13 años en Argentina y que ha sido replicada en muchos países de América Latina.
[10] Según Crenzel, “en 2006 la editorial Eudeba volvería a publicar una nueva edición del informe, de 3000 ejemplares, donde se presenta la reincorporación actualizada de los anexos con las listas de desaparecidos y centros clandestinos registrados, y la edición de un nuevo prólogo firmado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación” (Crenzel, 2008: 174). Con este prólogo se quería exponer una lectura diferente de este pasado, sobre todo como parte de una nueva apuesta política del gobierno de Kirchner con las memorias militantes; sin embargo, para Crenzel, se termina recayendo también en una falta de historización del pasado de violencia política y horror que atravesó el país antes y durante la dictadura.
[11] Cfr. Taracena Arriola, Arturo. 2007. “La experiencia de un historiador en la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala” en Anne Pérotin-Dumon (coordinadora). Historizar el pasado vivo en América Latina. Disponible en: http://etica.uahurtado.cl/historizarelpasadovivo/es_contenido.php.Consultado 12 de junio de 2009.
[12] Cfr. Rabotnikof (2007); pero también Lorenz, Federico Guillermo. 2002. “¿De quién es el 24 de Marzo? Las luchas por la memoria del golpe de 1976”; Jelin, E (comp.) Las conmemoraciones: las disputas en las fechas “in-felices” Madrid: Siglo XXI; pp. 53 – 100.
[13] Cfr. Jelin, Elizabeth. 2005. “Los derechos humanos entre el Estado y la sociedad” en Suriano, Juan (dirección del tomo). Nueva Historia Argentina. Dictadura y Democracia (1976 – 2001). Buenos Aires: Sudamericana
[14] La discusión sobre la naturaleza del perdón, es decir si este debe ser condicionado o no; o si es posible o no que éste exista; o hasta qué punto debe o no ser instrumento político de los Estados; o si es o no atribución única de los individuos, excede nuestros intereses en este texto. Sin embargo, la lectura que hace el filósofo francés, Jacques Derrida, podría ser útil al respecto. Cfr. El siglo y el perdón. 2003. Entrevista con Michel Wieviorka. Traducción de Mirta Segoviano en El siglo y el perdón seguida de Fe y saber. Buenos Aires, Ediciones de la Flor; p. 7 – 39.
