De las "etnografías del dolor" a las "pedagogías del dolor"
jefferson.jaramillo@flacso.edu.mx
Cualquier nación que pretenda sanar las heridas de la guerra y buscar mínimos de confianza y reconciliación entre los afectados, deberá apostar -en el mediano y largo plazo- por procesos transparentes de verdad histórica y judicial, reconstrucción plural de las memorias de sus violencias y reparación integral con las víctimas. Colombia “aparentemente” está avanzando, con aciertos y desaciertos en ese camino con el laboratorio denominado Justicia y Paz, que desde 2005 hasta hoy, es liderado y defendido por el gobierno de Uribe Vélez. No me concentraré en este texto en los avances, ni tampoco en las enormes dificultades, limitaciones y reservas que tiene esta iniciativa para muchos sectores, tanto en la desmovilización de las estructuras paramilitares y guerrilleras como en los procesos de justicia, verdad y reparación para todas las víctimas del conflicto. Hay algunos balances recientes y bien documentados, que ofrecen una visión del mismo desde diversos ángulos y ponderaciones políticas.[1]
Quiero enfocarme eso sí en la reconstrucción de las memorias del conflicto que Justicia y Paz está implicando. En particular, quisiera destacar la singularidad de la experiencia reconstructiva memorial en la que actualmente se avanza para las víctimas y el país, la cual expresa, siguiendo al historiador Gonzalo Sánchez, un tránsito de unas etnografías del dolor a unas pedagogías del dolor[2]. Dos informes de memoria recientes que se han publicado en el país, dan cuenta de ello: Trujillo[3] y El Salado. En su elaboración ha sido determinante el GMH (Grupo de Memoria Histórica[4]) organismo adscrito a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR). Este grupo tiene la misión de reconstruir globalmente el origen y evolución del conflicto armado interno en los últimos 40 años, en particular, la memoria histórica de todos aquellos hechos derivados de los actos cometidos por los grupos armados ilegales. Para ello, está utilizando una metodología especial denominada “casos emblemáticos” capaces “de ilustrar procesos y tendencias de la violencia” entre 1964 y 2005. Se busca con estos casos al menos dos cosas: a. Explicar causalidades de la violencia, discursos y representaciones de las víctimas y los perpetradores; b. Recoger e integrar memorias aisladas sobre los hechos sucedidos, las cuales al final se articularán a un “relato global interpretativo” bajo la figura de un informe público que condense los informes parciales producidos. Para su selección, se están contemplando varios criterios: la “voz autorizada del especialista”; el “grado de sistematicidad, voracidad y dolor” de ciertos eventos históricos; y las condenas de organismos como las proferidas por organismos como la Corte Interamericana de Derechos.
El informe de Trujillo, publicado en el 2008 por el GMH, avanza como lo habían exigido las organizaciones de víctimas, en el reconocimiento oficial de que en esa zona y en los municipios aledaños, lo ocurrido entre 1986 y 1994 fue parte de unas “masacres” sistemáticas y deliberadas en las que murieron 342 mujeres y hombres entre 25 y 29 años, en su mayoría campesinos, líderes políticos y religiosos, los cuales fueron torturados (as), desaparecieron y fueron asesinados (as), mediante un proceso de eliminación “contrainsurgente”. En el informe de El Salado, publicado no hace más de dos semanas, se relata la sangrienta escalada de eventos de violencia masiva perpetrados por 450 paramilitares entre el 16 y el 21 de febrero de 2000, en el corregimiento de El Salado del municipio de El Carmen de Bolívar en la región conocida más comúnmente como los Montes de María. La investigación que adelantó el GMH identificó un total de 60 víctimas fatales, 52 hombres y 8 mujeres, entre los cuales había menores, jóvenes, adultos jóvenes y adultos mayores. La gran mayoría de las víctimas eran trabajadores rurales.
Ahora bien, ¿qué tienen de singulares estos dos informes, además de ser exposiciones de los hechos de crueldad ocurridos en esas zonas? En primer lugar, la forma como se nombra un pasado de terror, un pasado “literal”, ligado a una etnografía del dolor, a una descripción densa de evidencias y testimonios que permite detallar que allí hubo masacres y no solamente “hechos violentos” o “excesos” de los grupos armados ilegales o del Estado. Además la admisión de que existió participación directa y con nombres específicos, de miembros de grupos paramilitares, de narcotraficantes y, llegado el caso, del personal del ejército colombiano. También ha sido importante evidenciar que los perpetradores de dichas masacres fueron especialistas y profesionales en su oficio y que en esas zonas, unas veces en espacios privados y otros en espacios públicos, se aprendieron a legitimar herramientas de tortura y muerte como la “motosierra”, las “escuelas de descuartizamiento” y ciertos juegos macabros con los cuerpos como el “empalamiento” de mujeres. A esto se agrega el trazo de una ruta de terror por “escuadrones de muerte” durante varios días, como en el caso de El Salado, y de varios años, como en el caso de Trujillo, en un drama macabro que evidenció la impotencia de las víctimas y la impunidad de sus verdugos.
En segundo lugar, la manera como se pluralizan, se cruzan, se superponen las distintas memorias y voces de un mismo acontecimiento. Aquí destaco por ejemplo, como los informes dan cuenta de múltiples interpretaciones de los hechos y las múltiples memorias de los actores, que terminan siendo memorias de denuncia, memorias de resistencia, bajo la forma de iniciativas contra el olvido lideradas por mujeres o jóvenes y también las memorias victimizadoras, que como en el caso de El Salado, pretendieron legitimar lo ocurrido allí como parte de un “operativo militar” o “un combate” normal entre grupos armados. En tercer lugar, el tránsito que dichos informes permiten, o al menos abren, desde la descripción de un pasado literal hacia unas memorias ejemplares, hacia unos espacios pedagógicos de lo ocurrido que permitan ante el país, la dignificación futura de la víctima, la responsabilización histórica y en lo posible judicial de los victimarios, pero también la recuperación y lucha personal y moral del sobreviviente y de sus familiares. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas van a ser fundamentales aquí en su rol como mantenedores y motores de la memoria. Sus testimonios, sus luchas, sus experiencias, las acciones legales que van a emprender contra los perpetradores llegan a convertirse en dispositivos de resistencia al olvido. Y lo son en varios niveles. Un primer nivel es el de la denuncia reiterada de los hechos pese a la amenaza y el terror permanente. Esta denuncia llevará también a que estas masacres sistemáticas se conviertan en un escenario legítimo de disputa y controversia hasta la actualidad, entre las organizaciones de víctimas y el Estado[5]; pero este escenario es sano mientras sea absolutamente deliberativo. Un segundo nivel es el de los procesos organizativos locales que permite entrever que la memoria debe ser defendida desde espacios de resistencia organizativa comunitarios. Un tercer nivel está relacionado con la movilización local y global que ha llevado a que muchos familiares hagan notar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, un cuarto nivel tiene que ver con el tránsito de una memoria ligada al duelo a una memoria ligada al derecho a la resistencia al olvido. Y aquí el protagonismo lo están asumiendo las mujeres, a través de la visibilización de las memorias de sus esposos e hijos, con la finalidad de dignificar el futuro de ellas y de sus familias.[6]
Finalmente, con estos informes se asume que en la reconstrucción del pasado en un país de pasados recientes de violencias diversas y poliformes, no se puede “cuantificar” el dolor, ni pretender utilizar guarismos para dar cuenta de cuánto o cuántos han sufrido las víctimas, o cuánto han hecho sufrir los perpetradores. En ese sentido, los informes detallan lo que sucedió (historia), y lo hacen con rigor metodológico; pero lo que importa en el fondo es cómo la gente narra lo que sucedió y por qué lo sigue narrando de diversas maneras (memorias) incluso dando cuenta que existen tensiones y disputas, hasta el día de hoy, entre distintos “mantenedores de la memoria”. En ese sentido, es un avance para la reconstrucción de la memoria histórica en el país, que el GMH no preste tanta atención al caso en sí, como a la forma en que éste se articula a una historia regional y local de sujetos que sobrevivieron al dolor y que siguen siendo narradores y reconstructores, así sean disidentes de las versiones oficialistas de la memoria, como es el caso de las mujeres, los jóvenes. Además, a través de los casos de Trujillo y El Salado se hace valer que la reconstrucción memorial es un proceso descentrado, donde lo local y lo regional sobresale, ya que la memoria del conflicto no puede ser concentrada en un solo lugar del país, ni en un solo escenario de narración y enunciación.
[1] Rangel, Alfredo (editor). 2009a Justicia y Paz. ¿Cuál es el precio que debemos pagar? Bogotá: Fundación Seguridad y Democracia/Intermedio Editores; Catalina Díaz Gómez, Nelson Camilo Sánchez y Rodrigo Uprimny Yepes (editores). Reparar en Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Bogotá: Centro Internacional para la Justicia Transicional y De Justicia
[2] Prólogo al Informe de La masacre de El Salado: esa guerra no era nuestra. Segundo Informe de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Bogotá. Disponible en: http://www.cnrr.org.co/new09/semanaM/informe_la_masacre_de_el_salado.pdf.Consultado 15/09/2009.
[3]CNRR. 2008. Trujillo. Una Tragedia que no cesa. Primer Informe de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Bogotá: Planeta.
[4] El GMH está conformado por un coordinador, el historiador Gonzalo Sánchez y quince investigadores, en su gran mayoría académicos y personalidades públicas dedicadas desde hace varios años al análisis del conflicto armado y los diversos procesos de violencias en el país. La mayoría de sus miembros son catedráticos universitarios, directores de centros de investigación y consultores independientes. Algunos de ellos han participado en procesos institucionales de más largo aliento de reconstrucción de la memoria del conflicto colombiano como es el caso de Gonzalo Sánchez, coordinador del grupo y quién en el año 87 también coordinó la II Comisión de Estudios sobre violencia, o el caso de Álvaro Camacho coordinador del Informe de Trujillo y participante también de esta última comisión. A este grupo se suman también un sinnúmero de asistentes de investigación que contribuyen en el trabajo de campo a nivel regional, en el proceso de recolección y análisis de información.
[5]En el caso de Trujillo, es evidente que existe una disputa por no olvidar lo que allí ocurrió y lograr justicia. Ha sido liderada históricamente por AFAVIT (Asociación de Familiares Victimas de Trujillo), pero también por la Comisión Intercongregacional Justicia y Paz, fundada por el padre Javier Giraldo, quien junto con la religiosa Maritze Trigos han trabajado por más de d18 años en la lucha por la visibilización nacional e internacional de este caso.
[6]Un ejemplo de la resistencia de la comunidad de Trujillo, Valle está expresado en uno de los lugares memoriales más reconocidos en el país para las víctimas: el Parque Monumento.. Esta dedicado a la memoria de las víctimas y es una iniciativa de AFAVIT. También está la creación de organizaciones que reivindican ciertos ejercicios políticos a partir de la memoria de los mártires de una comunidad. Por ejemplo, es el caso de la “Orden Perdida”, colectivo de jóvenes que se desprenden de AFAVIT y que reivindican la memoria del padre Tiberio Fernández, en particular su visión del trabajo de base con las comunidades rurales. El padre Tiberio, es hasta el día de hoy uno de los mártires “emblemáticos” de Trujillo. El parque ha sufrido cuatro atentados, uno de ellos ocurrió en 2008, y fue la profanación de la tumba del padre Tiberio. Otra iniciativa de memoria ligada a este caso es la Galería de la Memoria Tiberio Fernández Mafla en la ciudad de Cali.
Quiero enfocarme eso sí en la reconstrucción de las memorias del conflicto que Justicia y Paz está implicando. En particular, quisiera destacar la singularidad de la experiencia reconstructiva memorial en la que actualmente se avanza para las víctimas y el país, la cual expresa, siguiendo al historiador Gonzalo Sánchez, un tránsito de unas etnografías del dolor a unas pedagogías del dolor[2]. Dos informes de memoria recientes que se han publicado en el país, dan cuenta de ello: Trujillo[3] y El Salado. En su elaboración ha sido determinante el GMH (Grupo de Memoria Histórica[4]) organismo adscrito a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR). Este grupo tiene la misión de reconstruir globalmente el origen y evolución del conflicto armado interno en los últimos 40 años, en particular, la memoria histórica de todos aquellos hechos derivados de los actos cometidos por los grupos armados ilegales. Para ello, está utilizando una metodología especial denominada “casos emblemáticos” capaces “de ilustrar procesos y tendencias de la violencia” entre 1964 y 2005. Se busca con estos casos al menos dos cosas: a. Explicar causalidades de la violencia, discursos y representaciones de las víctimas y los perpetradores; b. Recoger e integrar memorias aisladas sobre los hechos sucedidos, las cuales al final se articularán a un “relato global interpretativo” bajo la figura de un informe público que condense los informes parciales producidos. Para su selección, se están contemplando varios criterios: la “voz autorizada del especialista”; el “grado de sistematicidad, voracidad y dolor” de ciertos eventos históricos; y las condenas de organismos como las proferidas por organismos como la Corte Interamericana de Derechos.
El informe de Trujillo, publicado en el 2008 por el GMH, avanza como lo habían exigido las organizaciones de víctimas, en el reconocimiento oficial de que en esa zona y en los municipios aledaños, lo ocurrido entre 1986 y 1994 fue parte de unas “masacres” sistemáticas y deliberadas en las que murieron 342 mujeres y hombres entre 25 y 29 años, en su mayoría campesinos, líderes políticos y religiosos, los cuales fueron torturados (as), desaparecieron y fueron asesinados (as), mediante un proceso de eliminación “contrainsurgente”. En el informe de El Salado, publicado no hace más de dos semanas, se relata la sangrienta escalada de eventos de violencia masiva perpetrados por 450 paramilitares entre el 16 y el 21 de febrero de 2000, en el corregimiento de El Salado del municipio de El Carmen de Bolívar en la región conocida más comúnmente como los Montes de María. La investigación que adelantó el GMH identificó un total de 60 víctimas fatales, 52 hombres y 8 mujeres, entre los cuales había menores, jóvenes, adultos jóvenes y adultos mayores. La gran mayoría de las víctimas eran trabajadores rurales.
Ahora bien, ¿qué tienen de singulares estos dos informes, además de ser exposiciones de los hechos de crueldad ocurridos en esas zonas? En primer lugar, la forma como se nombra un pasado de terror, un pasado “literal”, ligado a una etnografía del dolor, a una descripción densa de evidencias y testimonios que permite detallar que allí hubo masacres y no solamente “hechos violentos” o “excesos” de los grupos armados ilegales o del Estado. Además la admisión de que existió participación directa y con nombres específicos, de miembros de grupos paramilitares, de narcotraficantes y, llegado el caso, del personal del ejército colombiano. También ha sido importante evidenciar que los perpetradores de dichas masacres fueron especialistas y profesionales en su oficio y que en esas zonas, unas veces en espacios privados y otros en espacios públicos, se aprendieron a legitimar herramientas de tortura y muerte como la “motosierra”, las “escuelas de descuartizamiento” y ciertos juegos macabros con los cuerpos como el “empalamiento” de mujeres. A esto se agrega el trazo de una ruta de terror por “escuadrones de muerte” durante varios días, como en el caso de El Salado, y de varios años, como en el caso de Trujillo, en un drama macabro que evidenció la impotencia de las víctimas y la impunidad de sus verdugos.
En segundo lugar, la manera como se pluralizan, se cruzan, se superponen las distintas memorias y voces de un mismo acontecimiento. Aquí destaco por ejemplo, como los informes dan cuenta de múltiples interpretaciones de los hechos y las múltiples memorias de los actores, que terminan siendo memorias de denuncia, memorias de resistencia, bajo la forma de iniciativas contra el olvido lideradas por mujeres o jóvenes y también las memorias victimizadoras, que como en el caso de El Salado, pretendieron legitimar lo ocurrido allí como parte de un “operativo militar” o “un combate” normal entre grupos armados. En tercer lugar, el tránsito que dichos informes permiten, o al menos abren, desde la descripción de un pasado literal hacia unas memorias ejemplares, hacia unos espacios pedagógicos de lo ocurrido que permitan ante el país, la dignificación futura de la víctima, la responsabilización histórica y en lo posible judicial de los victimarios, pero también la recuperación y lucha personal y moral del sobreviviente y de sus familiares. Los sobrevivientes y familiares de las víctimas van a ser fundamentales aquí en su rol como mantenedores y motores de la memoria. Sus testimonios, sus luchas, sus experiencias, las acciones legales que van a emprender contra los perpetradores llegan a convertirse en dispositivos de resistencia al olvido. Y lo son en varios niveles. Un primer nivel es el de la denuncia reiterada de los hechos pese a la amenaza y el terror permanente. Esta denuncia llevará también a que estas masacres sistemáticas se conviertan en un escenario legítimo de disputa y controversia hasta la actualidad, entre las organizaciones de víctimas y el Estado[5]; pero este escenario es sano mientras sea absolutamente deliberativo. Un segundo nivel es el de los procesos organizativos locales que permite entrever que la memoria debe ser defendida desde espacios de resistencia organizativa comunitarios. Un tercer nivel está relacionado con la movilización local y global que ha llevado a que muchos familiares hagan notar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, un cuarto nivel tiene que ver con el tránsito de una memoria ligada al duelo a una memoria ligada al derecho a la resistencia al olvido. Y aquí el protagonismo lo están asumiendo las mujeres, a través de la visibilización de las memorias de sus esposos e hijos, con la finalidad de dignificar el futuro de ellas y de sus familias.[6]
Finalmente, con estos informes se asume que en la reconstrucción del pasado en un país de pasados recientes de violencias diversas y poliformes, no se puede “cuantificar” el dolor, ni pretender utilizar guarismos para dar cuenta de cuánto o cuántos han sufrido las víctimas, o cuánto han hecho sufrir los perpetradores. En ese sentido, los informes detallan lo que sucedió (historia), y lo hacen con rigor metodológico; pero lo que importa en el fondo es cómo la gente narra lo que sucedió y por qué lo sigue narrando de diversas maneras (memorias) incluso dando cuenta que existen tensiones y disputas, hasta el día de hoy, entre distintos “mantenedores de la memoria”. En ese sentido, es un avance para la reconstrucción de la memoria histórica en el país, que el GMH no preste tanta atención al caso en sí, como a la forma en que éste se articula a una historia regional y local de sujetos que sobrevivieron al dolor y que siguen siendo narradores y reconstructores, así sean disidentes de las versiones oficialistas de la memoria, como es el caso de las mujeres, los jóvenes. Además, a través de los casos de Trujillo y El Salado se hace valer que la reconstrucción memorial es un proceso descentrado, donde lo local y lo regional sobresale, ya que la memoria del conflicto no puede ser concentrada en un solo lugar del país, ni en un solo escenario de narración y enunciación.
[1] Rangel, Alfredo (editor). 2009a Justicia y Paz. ¿Cuál es el precio que debemos pagar? Bogotá: Fundación Seguridad y Democracia/Intermedio Editores; Catalina Díaz Gómez, Nelson Camilo Sánchez y Rodrigo Uprimny Yepes (editores). Reparar en Colombia: los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión. Bogotá: Centro Internacional para la Justicia Transicional y De Justicia
[2] Prólogo al Informe de La masacre de El Salado: esa guerra no era nuestra. Segundo Informe de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Bogotá. Disponible en: http://www.cnrr.org.co/new09/semanaM/informe_la_masacre_de_el_salado.pdf.Consultado 15/09/2009.
[3]CNRR. 2008. Trujillo. Una Tragedia que no cesa. Primer Informe de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Bogotá: Planeta.
[4] El GMH está conformado por un coordinador, el historiador Gonzalo Sánchez y quince investigadores, en su gran mayoría académicos y personalidades públicas dedicadas desde hace varios años al análisis del conflicto armado y los diversos procesos de violencias en el país. La mayoría de sus miembros son catedráticos universitarios, directores de centros de investigación y consultores independientes. Algunos de ellos han participado en procesos institucionales de más largo aliento de reconstrucción de la memoria del conflicto colombiano como es el caso de Gonzalo Sánchez, coordinador del grupo y quién en el año 87 también coordinó la II Comisión de Estudios sobre violencia, o el caso de Álvaro Camacho coordinador del Informe de Trujillo y participante también de esta última comisión. A este grupo se suman también un sinnúmero de asistentes de investigación que contribuyen en el trabajo de campo a nivel regional, en el proceso de recolección y análisis de información.
[5]En el caso de Trujillo, es evidente que existe una disputa por no olvidar lo que allí ocurrió y lograr justicia. Ha sido liderada históricamente por AFAVIT (Asociación de Familiares Victimas de Trujillo), pero también por la Comisión Intercongregacional Justicia y Paz, fundada por el padre Javier Giraldo, quien junto con la religiosa Maritze Trigos han trabajado por más de d18 años en la lucha por la visibilización nacional e internacional de este caso.
[6]Un ejemplo de la resistencia de la comunidad de Trujillo, Valle está expresado en uno de los lugares memoriales más reconocidos en el país para las víctimas: el Parque Monumento.. Esta dedicado a la memoria de las víctimas y es una iniciativa de AFAVIT. También está la creación de organizaciones que reivindican ciertos ejercicios políticos a partir de la memoria de los mártires de una comunidad. Por ejemplo, es el caso de la “Orden Perdida”, colectivo de jóvenes que se desprenden de AFAVIT y que reivindican la memoria del padre Tiberio Fernández, en particular su visión del trabajo de base con las comunidades rurales. El padre Tiberio, es hasta el día de hoy uno de los mártires “emblemáticos” de Trujillo. El parque ha sufrido cuatro atentados, uno de ellos ocurrió en 2008, y fue la profanación de la tumba del padre Tiberio. Otra iniciativa de memoria ligada a este caso es la Galería de la Memoria Tiberio Fernández Mafla en la ciudad de Cali.
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