La Voz que falta

Por: William Ospina

Publicado en: http://www.elespectador.com/columna152600-voz-falta

SIEMPRE HE PENSADO QUE EL MAL de Colombia no es tener guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, políticos corruptos, poderosos núcleos de delincuencia organizada y partidos que nunca representan la causa profunda de las mayorías, sino no tener una ciudadanía con criterio, con iniciativa y con pensamiento crítico capaz de ponerle freno a todo eso, capaz de proponer y de imponer un modelo de sociedad más justo y más moderno.

A diferencia de países como México, donde primero la Reforma y después la Revolución generaron unas instituciones patrióticas, que durante un buen tiempo se empeñaron en engrandecer lo mexicano y darle un lugar en el mundo, y que intentaron construir un Estado mínimamente benefactor de la comunidad; a diferencia de Argentina, donde algunos gobiernos como los de Roca e Irigoyen emprendieron reformas liberales que empezaron a corregir seculares discriminaciones, y donde incluso un gobierno tan discutido como el de Perón fortaleció a sectores antes subordinados e inferiores, y les dio una nueva conciencia de su importancia, de modo que casi todos terminaron siendo peronistas; a diferencia de Ecuador donde Eloy Alfaro…, a diferencia de Bolivia donde los mineros del 52…, a diferencia de Venezuela donde hasta las sombrías dictaduras de Gómez y de Pérez Jiménez algo modificaron en el orden de las fuerzas sociales y dieron espacio a otros sectores en el manejo del Estado, en Colombia no se rompió jamás la cadena de oro del poder, no se suspendió jamás la línea casi dinástica de las élites al mando del Estado, y hay quien afirma que hasta una rastreable línea de consanguinidad ha unido a todos los sucesivos presidentes de la República.

Lo cierto es que aquí no se abrieron camino jamás las reformas liberales básicas que les dieron cierta normalidad a casi todos los otros países del continente. No se abrieron camino ni los radicales del siglo XIX, ni los socialistas de comienzos del XX, ni el gaitanismo, ni el Frente Unido de Camilo Torres, ni la Anapo de Rojas Pinilla, ni las ideas de Antonio García, de Gerardo Molina, de Fernando González, de Estanislao Zuleta, de Orlando Fals Borda, de todos los que intentaron alguna modificación de nuestro orden mental y con ello de nuestro orden social. Basta recordar que Colombia era un país tan premoderno que durante décadas quienes querían casarse por lo civil tenían que viajar más allá de cualquiera de nuestras fronteras, a Panamá, Venezuela o Ecuador, para hacerlo. El índice católico imperó de tal manera que se diría que las nuestras son las primeras generaciones que en Colombia han podido leer libremente. Tan poco efecto tuvieron las ideas liberales y las socialistas sobre el cuerpo de la sociedad que, antes que las reformas agrarias, en nuestro país siempre se abrieron paso, a sangre y fuego, más bien las contrarreformas agrarias, que concentraron década tras década el mapa de la propiedad territorial hasta llegar a las escandalosas y ciertamente criminales cifras de hoy.

En otros países la insatisfacción, la disidencia, asumen plenas expresiones políticas, porque existen vínculos sociales que permiten la organización de esos intereses, y un mínimo respeto de los conciudadanos hacia los que piensan distinto. En Colombia toda insatisfacción, toda disidencia, tiende a ser asimilada con la ilegalidad. Pero si la rebeldía individual, salvo cuando es teórica o simbólica, termina siendo una forma del delito, en el mundo moderno la rebeldía colectiva tiene que asumir una expresión política. Aquí los individuos crecen de tal manera en la falta de identificación con su comunidad, que muchos procesos de rebelión terminan degradándose en fenómenos criminales, como en el caso de las guerrillas, a las que hasta sus mayores enemigos les reconocen haber tenido en su origen una motivación política, pero a las que la sociedad entera ha terminado identificando sólo con sus prácticas criminales, su inhumanidad y su incapacidad de formular alguna propuesta política civilizada. Y quienes creyeron en la bandera de la paz, pero siguieron pensando distinto, como en el caso de la Unión Patriótica, una implacable y espantosa política de exterminio los borró del mapa sin permitir que se abriera camino siquiera el trazo sagrado de un dolor colectivo.

Los proyectos políticos no sólo necesitan programas y argumentos, necesitan también definir un estilo, una manera de convocar a la ciudadanía y de hablar con las mayorías, y eso es lo que casi nunca han logrado en Colombia los movimientos y partidos alternativos. Si el viejo bipartidismo liberal conservador logró gobernar a Colombia, bastante mal por cierto, durante doscientos años, es porque por lo menos se parecía al país, y sobre todo a los defectos del país. Aprovechaba que los colombianos crecimos en el individualismo, carentes de grandes sueños colectivos, para reinar sobre la indiferencia, sobre la apatía, y para abrirse paso por el camino del soborno, cambiando votos por puestos y por pequeñas dádivas, en esa práctica todavía vigente que llamamos clientelismo.

¿Cuándo aprenderá la oposición a hablar un lenguaje que la gente entienda, y que represente de verdad una alternativa? No se trata de tener las mismas prácticas de liberales y conservadores barnizadas con otro discurso: se trata de encontrar nuevos lenguajes para hablar de política, grandes sueños para convocar a la juventud, otra manera de concebir la democracia como diálogo de la inteligencia, como espacio de la imaginación y como fiesta de la convivencia.
A medida que el proyecto político imperante se desgasta en Colombia, ningún partido político ha debido crecer y consolidarse tanto como el Polo Democrático. Ello no ha ocurrido y quizá la explicación esté en que sus dirigentes tendieron a eternizar las costumbres de sus adversarios, a estar contando votos que por ese camino nunca llegarán, y no han logrado arrojar el puñado de semillas de un nuevo país, ni convocar a esa ciudadanía laboriosa y crítica que sea capaz de dejar atrás con inteligencia y con audacia este mezquino círculo de guerras medievales.

Lo singular, paradigmático y problemático del proceso de Justicia y Paz

jefferson.jaramillo@flacso.edu.mx

El 25 de julio de 2005, el Congreso colombiano aprobó la Ley de Justicia y Paz (Ley 975). Con ella, se dió paso a un proceso judicial ambicioso y sin precedentes en el país: servir de instrumento jurídico y político tanto a los victimarios como a sus víctimas. Para los primeros, la ley formula un ofrecimiento amplio de desmovilización colectiva o individual de sus estructuras paramilitares y guerrilleras, además de su reincorporación a la vida civil. Para las segundas, se ofrece verdad, justicia y reparación. En el marco de esa ley se constituyó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) con unos mandatos específicos: acompañar los procesos de desmovilización y reincorporación de los actores armados, procurar una atención integral a las víctimas, facilitar los procesos de justicia y verdad, y generar mecanismos de reparación simbólica y material para ellas. Al interior de dicha Comisión se constituyeron ocho áreas de trabajo, con sus respectivos coordinadores. Entre las áreas creadas están las de reparación y atención a víctimas; reconciliación; desmovilización, desarme y reinserción; género y poblaciones específicas; y el grupo de Memoria Histórica (GMH). Al día de hoy, se han creado 62 sedes regionales de la CNRR en todo el país, para facilitar el proceso de descentralización y operación de las distintas áreas de trabajo.1 Presupuestalmente cuenta con recursos nacionales y de cooperación internacional2. Mas allá de las posibilidades o limitaciones de este proceso, que acaba de cumplir cuatro años de vida3, hay que decir que a la luz de otros casos de esclarecimiento histórico, judicial y político de los hechos nacionales de violencia ocurridos en América Latina y en otras partes del mundo4, el colombiano resulta singular, paradigmático y problemático. Varias son las razones para esto, me limitare a mencionar sólo algunas.
1. Colombia definitivamente no atraviesa por un proceso de transición. Por más que se defienda que nuestro país está asistiendo a un escenario como éstos, lo único que se puede reconocer es que hay pasos lentos y con ciertos actores y víctimas del conflicto, de transitar de situaciones específicas de conflicto degradado a “experiencias” postconflicto en determinadas zonas del país. Sin embargo, esto no es la generalidad, por tanto no hay una transición sostenida de un conflicto degradado hacia una paz más o menos duradera y razonable. Lo más parecido a lo que ocurre hoy en Colombia, es una especie de búsqueda de “justicia transicional sin transición”5. A esto se suma, que este proceso como otros tantos que han ocurrido en el país, deben operar en escenarios complejos de tensión donde la generalidad es la “guerra permanente y la negociación permanente”6.
2. Justicia y Paz, no sólo no asiste a un escenario de transición, sino que se incrusta en medio de un conflicto armado interno de larga duración, que al dia de hoy es dificil de temporalizar sin correr el riesgo de sacrificar la verdad histórica sobre los perpetradores y las víctimas7. Además el proceso se da con un sector de paramilitares que se desmovilizó frente a otro que todavía sigue en la guerra, que se ha rearmado y sigue delinquiendo y generando víctimas. Debe añadirse que la gran “cúpula” del paramilitarismo reposa hoy en las cárceles de Estados Unidos, y espera ser juzgada y negociar sus cadenas por delitos de narcotráfico en ese país, y no por crimenes de lesa humanidad en el nuestro.
3. La lógica de funcionamiento de Justicia y Paz ha sido más impugnada que legitimada, especialmente por un sector importante de organizaciones de víctimas, que o bien reconocen desconocer como funciona el proceso local y regionalmente; o no se sienten representadas en los procesos de reparación, justicia y verdad; o perciben que hay exclusión de sus demandas; o consideran, como en el caso de las víctimas de crimenes de Estado, que la ley es un sistema de impunidad generalizado y nada va a cambiar con él.
4. No hay una comisión de la verdad en estricto sentido, como si la hubo en otros países de América Latina. La CNRR, columna vertebral de justicia y paz, no lo es, tampoco quiere constituirse en una tan pronto, es una especie de “hibrido político - jurídico”, que pretende resumir aprendizajes interesantes llevados a cabo en otros países, aunque al día de hoy sus logros sean más complicados de lo esperado, incluso sus fundamentos operativos y filosóficos sigan siendo cuestionados nacional e internacionalmente. Además pretende, junto con otras instancias como la Fiscalía y la justicia ordinaria, realizar labores complejas en una misma coyuntura política: por ejemplo, reparar a las víctimas, generar penas alternativas y proyectos productivos para los victimarios, levantar una memoria histórica de “ciertos” hechos ocurridos. Todas estas acciones y procesos complejos, que son loables de por sí, no hay que olvidar que han sido lentas y frustrantes en otras comisiones y procesos que han funcionado en América Latina, como lo revela por ejemplo, el caso de Guatemala8, solo por citar uno. Muy pocas cosas hasta el momento indican que Colombia va a ser la excepción a estos otros procesos.
5. Tal y como está caminando el proceso, no se establecen instrumentos suficientes para garantizar la verdad histórica. Se busca la verdad judicial, la derivada del proceso realizado por la Fiscalía General de la Nación, que incluye una declaración fidedigna y completa; pero no se ha abordado lo suficiente el asunto de la verdad histórica, la que le permite a la victima tener una memoria más amplia de lo acontecido. Incluso no se ha profundizado sobre cómo compaginar la verdad recogida en el ejercicio de reconstrución de la memoria histórica, con la verdad del caso específico declarado por el desmovilizado. Especialmente cuando este desmovilizado recorta, edita o sufre de amnesia en pleno proceso de audiencia pública.
6. Si bien el proceso está diseñado para generar sentencias judiciales que conduzca a otorgar las penas alternativas, al día de hoy solo existe una sentencia de Justicia y Paz, por lo demás cuestionada dado que correponde a un mando medio9, y no precisamente la sentencia se profiere por violaciones de derechos humanos. Sin embargo, la misma abre el camino para examinar con mas detenimiento, cómo deberían llevarse a cabo las que siguen. Sobre todo, como conectar en ellas, los “casos más duros”, aquellos en los que personas de altos mandos, están involucrados en violaciones de derechos humanos y frente a los cuales se han señalado responsabilidades directas desde organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dependerá también del gobierno de Estados Unidos si reconoce o no la importancia de la verdad para con las víctimas colombianas , en el caso de los procesos que adelanta en contra de los jefes paramilitares en su país10.
7. El gobierno no se ha comprometido debidamente con una reparación sustantiva con todas las víctimas, porque de paso estaría reconociendo su responsabilidad en el conflicto armado interno, lo que iría en contravía del presupuesto ideológico de la seguridad democrática. Para el gobierno, el ejercicio derivado del proceso judicial con los desmovilizados es el que conduce a reparación. Sin embargo, en el 2008 el mismo gobierno expidió un decreto de “reparación administrativa” (Acuerdo 1290 de 2008)11. Este ha sido seriamente cuestionado por ciertas organizaciones de víctimas, ya que excluye de manera tajante los delitos contra la propiedad, el patrimonio y las violaciones colectivas o atribuibles a agentes del Estado. Además podría terminar por limitar las posibilidades de lograr una mínima verdad judicial, en la medida en que no contempla una investigación ni sanción penal con base en confesiones o colaboraciones con la justicia. Este proceso de reparación administrativo se concentra única y exclusivamente en la indemnización económica, indemnización por cierto irrisoria si tenemos en cuenta que 18 millones durante 10 años, a razón de 180.000 pesos mensuales son una verguenza frente a la enorme deuda histórica con las víctimas. 12
8. El “descuartizamiento” y posterior “hundimiento” de la “Ley de Víctimas” a finales del mes de junio de este año por el gobierno de Uribe Vélez, argumentando que “el texto que iba a ser adoptado trataba de la misma forma a todas las víctimas de crímenes atroces, pues preveía para todas ellas una reparación administrativa, esto es, sin necesidad de proceso judicial”13 Para el gobierno, solo es aceptable que la reparación administrativa de una víctima estatal se haga mediante una prueba judicial previa de la responsabilidad estatal. Esto por supuesto, además de “absurdo es discriminatorio” 14 A esto se suma que para el gobierno reparar a todos saldría excesivamente costoso (80 billones de pesos), más que una cuestión de justicia, el asunto en juego para la seguridad democrática sería de racionalidad económica15. Recordemos brevemente que esta iniciativa, había sido presentada, a finales del 2007, desde algunos sectores de oposición política (Partido Liberal, Polo Democrático) e incluso por sectores moderados de la coalición uribista, con la anuencia de las organizaciones de víctimas, bajo el nombre de “proyecto de ley 157/2007”. El proyecto pretendía subsanar las deficiencias notorias de la ley 975. Si bien, fue aprobado en segundo debate el 18 de junio de 2008 por la Plenaria de la misma Corporación, luego de haberse incorporado algunas propuestas del Gobierno Nacional, lo que se hizo notorio en la “versión oficial” del proyecto presentada este año fue la “eliminación arbitraria y con claros intereses políticos” de temas gruesos para la nación, sin los cuales las víctimas quedan aún más en situación de vulnerabilidad: la exclusión de la noción de conflicto armado interno, la supresión de los artículos referentes a la responsabilidad del Estado por el daño emergente y lucro cesante, la eliminación de la reparación patrimonial de bienes muebles y la exclusión de las víctimas de agentes del Estado16.
9. Finalmente, es imposible desconectar el proceso de Justicia y Paz de la seguridad democrática. Si bien, el primero ha tomado otros matices por el camino y está involucrando nuevas dimensiones que no se reducen al uribismo, no cabe duda que la misma seguridad democrática ha empañado un proceso que podría haber sido más interesante de lo que es ahora. Es como si estos dos procesos fueran una especie de rostro de Jano. Así mientras se presenta a Justicia y Paz como un verdadero ejemplo ante el mundo, de justicia transicional, de reparación, de reconocimiento de culpas, de procesos judiciales transparentes y efectivos; de otra parte la seguridad democrática de Uribe, niega que existe conflicto armado; legitima la persecusión política y judicial contra los adversarios y opositores políticos; pide perdón a las víctimas sin reconocer realmente las culpas históricas del Estado en el conflicto17; extradita a los principales paramilitares a Estados Unidos y no pide nada a cambio de la justicia gringa para con las víctimas que estos “señores de la guerra” produjeron; saca caprichosamente del costal de la reparación administrativa a las víctimas del Estado por resultar excesivamente caro y peligroso para la seguridad nacional, estimula los falsos positivos y como si fuera poco “chuza” cuanto teléfono de personalidad política e intelectual resulta “sospechosa” para los intereses del país En suma, acogiendo lo que dice un analista colombiano, algunas virtudes y muchas perversiones acompañan a esta seguridad democrática de Uribe18. Muy probablemente, de no corregirse muchas cosas del proceso de Justicia y Paz, estaremos más del lado de las perversiones que de las virtudes.
1Están ubicadas en la zonas de Antioquia, Centro del país, Nororiente, Barranquilla, Valle del Cauca, Putumayo, Valle del Cauca, Valledupar, Quibdó y Villavicencio.
2En 2006 el Gobierno asignó 1.300 millones de pesos, en 2008, 5.829 millones, para 2009, se aprobaron 8.000 millones. De cooperación internacional se recibieron 6000 millones en 2008. Cfr. CNRR. 2008. Informe de Gestión 2005- 2008. Disponible on - line
3 Un balance reciente de este proceso se encuentra en Rangel Suárez, Alfredo (editor). 2009 Justicia y Paz. ¿Cuál es el precio que debemos pagar?. Bogotá: Fundación Seguridad y Democracia/Intermedio Editores.
4Springer, Natalia. 2002. Sobre la verdad en los tiempos del miedo: del establecimiento de una comision de la verdad en Colombia y los desafios para la justicia restaurativa. Facultad de Finanzas, Gobiemo y Relaciones Internacionales. Universidad Externado de Colombia, Bogota.
5Uprimny, Rodrigo y Safón, María Paula. 2006. ¿Justicia Transicional sin transición? Bogotá: DJS. Fundación Social.
6Sánchez, Gónzalo. 2007. “Retos de la verdad y la memoria en medio del conflicto”. En: Bleeker, Mô, Ciurlizza, Javier y Bolaños Vargas, Andrea. 2007. Memorias de la conferencia “El legado de la verdad: Impacto de la justicia transicional en la construcción de la democracia en América Latina”. Realizado en Bogotá del 19 al 21 de julio de 2007. Disponible on-line: p, 61 – 71.
7La temporalidad es la primera batalla de la memoria”, así ha dicho el historiador Gonzálo Sánchez. La cuestión es que la discusión sobre el asunto trasciende lo académico y llega a lo político. Se ha hablado de comenzar en 1948 inicio de la violencia en el país, de 1964 cuando irrumpe la insurgencia armada contemporánea, de 1985 con el holocausto del Palacio de Justicia y 1991 con la Constitución Política. Aquí la disputa sigue. El asunto es que alargar y acortar esta temporalidad tiene efectos en el universo de víctimas a considerar, en los actores responsables por estas víctimas, y en general, en los alcances de la justicia, la verdad y la reparación.Cfr. Sánchez, Gonzalo. 2007. Retos de la verdad y la memoria en medio del conflicto. En: Bleeker, Mô, Ciurlizza, Javier y Bolaños, Andrea. 2007. Op. Cit
8Cfr El balance de los 10 años del informe Guatemala: Memoria del Silencio producido por la Comisión de Esclarecimiento Histórico en 1999. En Impunity Watch y Convergencia por los Derechos Humanos. 2009. La persistencia de la Verdad: A diez años del informe de la CEH. Guatemala: Impunity Watch
9 La condena se profirió contra alias “El Loro”. Fue condenado a una pena alternativa de cinco años por el homicidio de tres personas, extorsión y falsedad de documentos públicos. Como ha señalado una investigadora de Dejusticia “A primera vista, la sentencia constituye un acontecimiento positivo, pues lanza el mensaje de que la Ley de Justicia y Paz está empezando a producir efectos. Sin embargo, un análisis detallado de la sentencia y de su significado en el proceso de Justicia y Paz muestra que esta deja mucho qué desear como hito histórico en materia de lucha contra la impunidad” Safón, María Paula. La primera sentencia de Justicia y Paz, mucho qué desear. Revista Semana. Abril 23 de 2009. Disponible on-line: http://dejusticia.org/interna.php?id_tipo_publicacion=1&id_publicacion=579. Consultado 20 de mayo de 2009.
10Cfr. Claudia López. ¿Que van a hacer los gringos con la verdad?. Columna de Opinión. Periódico El Tiempo. 25 de agosto de 2009. Disponible on line: http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/claudialpez/que-van-a-hacer-los-gringos-con-la-verdad_5930829-1
11Mediante el cual se crea el“Programa de Reparación Individual por vía administrativa para las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley”.
12Cfr. Cepeda, Iván y Girón, Klaudya. 2008. “Las organizaciones de víctimas como actores sociales” en Wilson López, Annette Pearson y Blanca Patricia (editores). Victimología. Aproximación psicosocial a las víctimas. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
13Cfr. Uprimny, Rodrigo. 2009. La discriminación de víctimas de agentes de Estado. Columna de opinión. Periódico El Espectador. Junio 22 de 2009. Disponible on- line: http://www.elespectador.com/columna147080-discriminacion-de-victimas-de-agentes-de-estado
14 Ibídem
15Cepeda, Iván. 2009. Es un asunto de justicia. Columna de Opinión. Periódico El Espectador. Junio 27 de 2009. Disponible on – line: http://www.elespectador.com/columna147877-un-asunto-de-justicia
16Cfr. Sarmiento, Fernando. 2008. “Ley de Víctimas, gato por liebre”. En: Revista Cien días vistos por Cinep. No. 65. Disponible en: http://www.cinep.org.co/revistas/ciendias/RevistaCienDias65/FSarmiento65.pdf. Consultado el 25/01/2009.
17 Uprimny, Rodrigo. 2009. ¿Perdón sin reconocer culpas?. Columna de opinión. Periódico El Espectador. Agosto 3 de 2009. Disponible on-line: http://www.elespectador.com/columna154277-perdon-sin-reconocer-culpas
18Camacho, Alvaro. La seguridad democrática. Virturdes y perversiones. Columna de Opinión. Periódico El Espectador. Julio 3 de 2009. Disponible on – line: http://www.elespectador.com/columna148875-seguridad-democratica-virtudes-y-perversiones

El giro cultural y político hacia el pasado

mailto:memoriajefferson.jaramillo@flacso.edu.mx

A los ya conocidos giros teóricos y metodológicos de mediados del siglo XX en las ciencias sociales (pensemos por ejemplo, en el giro lingüístico y en el giro interpretativo, con sus enormes consecuencias hasta el día de hoy en la producción de conocimiento social) debemos agregar uno nuevo, propio del último cuarto del siglo XX, un “giro hacia el pasado”. Por ahora diré, siguiendo a Andreas Huyssen1 -el autor que ha provocado dicha afirmación - que este giro se caracteriza por una especial preocupación cultural y política por la memoria en las sociedades occidentales (2002).

Ahora bien, trataré en lo posible de dar cuenta de esa preocupación, preguntándome por ¿cuáles son las principales características de este giro?, ¿qué tipo de pasado o pasados se buscan legitimar?, ¿qué papel asume la memoria en el mismo?, ¿cuáles son las implicaciones culturales y políticas para las sociedades occidentales donde se ha vivido con mayor intensidad? y, finalmente ¿qué nos dice a nosotros los latinoamericanos con pasados y presentes sociales violentos, no debidamente tramitados?

Una de las características centrales de este giro es que surge en un ambiente político y social marcado por la desconfianza, sospecha y crisis ante los grandes metarrelatos culturales y teóricos que habían sido propios del modernismo futurista y de una modernidad con pretensiones homogeneizantes y universalistas. Inicialmente es un giro cultural hacia el pasado que emerge bajo la impronta de la “recodificación del pasado”, pero poco a poco va tornándose también en un giro político, porque no se trata de recuperar cualquier pasado, sino de un pasado silenciado, que hace emerger la culpa histórica.

Entre las consecuencias más sentidas de ese proceso nos encontramos con que comienza a recodificarse el sentido de la colonización europea en África y Asia, así como el pasado del holocausto. Este último, siguiendo a Huyssen, se siente con particular énfasis para nosotros a través de la emergencia de las “memorias holocausticas”, como un “discurso global”, como un “tropos universal del trauma histórico”. (2002: 17). Es decir, el holocausto se convierte en un “poderoso prisma a través del cual podemos percibir otros genocidios” (2002: 18).

Sin embargo, la memoria va más allá de este “tropos universal” dimensionándose en nuevas formas. Huyssen muestra entonces cómo la memoria ha pasado a representar también un “objeto de marketing”, una “pieza de museo”. Asistimos a una especie de “obsesión cultural” por la musealización de la memoria. Proceso que a su vez está también acompañado de una mediatización comercial de la misma. Pero ese “boom mediático” lleva también una enorme paradoja. Se recupera el pasado, pero también se celebra la amnesia. Se recupera una memoria imaginada, una memoria que se comercializa a gran escala, una memoria que se digitaliza, pero a costa también de la memoria vivida. Se recupera una memoria presentista, en función siempre de un presente inmediato.

No obstante también asistimos a un momento histórico en el que resulta imposible recuperar y discutir la memoria personal o pública sin “contemplar la enorme influencia de los nuevos medios como vehículos de toda forma de memoria” (2002: 25). Esa mediatización desde luego tiene un tinte ideológico, puesto que “los medios no transportan la memoria pública con inocencia: la configuran en su estructura y en su forma mismas” (2002: 27).

Llegados a este momento es importante traer de nuevo a cuento una de las preguntas que formulamos arriba, alrededor de las implicaciones políticas y culturales de este giro, para las sociedades occidentales actuales. Podemos sostener que el giro occidental hacia la memoria lleva implícito una especie de “antídoto” ante el miedo y el riesgo de olvidar. Pareciera ser que Europa y Norteamérica, según las mismas palabras de Huyssen, estuvieran invocando cada vez más el pasado como “un baluarte que […] les defienda del miedo a que las cosas devengan obsoletas y desaparezcan, un baluarte que les proteja de la profunda angustia que genera la velocidad del cambio y los horizontes del tiempo y espacio cada vez más estrecho” (2002: 32). Una memoria muralla que les proteja ante la indiferencia por las cosas importantes y que les permita curar las heridas que esa indiferencia produce.

Esta memoria baluarte puede estar desencadenando en estas mismas sociedades, la fabricación de una “ilusión”, de un cierto pasado que se invoca con añoranza, una especie de “pasado reciclado” que al recuperarse entretiene pero que no dota de seguridad ontológica alguna. Aquí me parece importante sumar a la reflexión de Huyssen lo que menciona Zygmunt Bauman respecto a lo que él llama una “modernidad liquida”, una en la que el hombre contemporáneo parece encontrarse con otros sólo para “compartir intimidades”. En una sociedad de este tipo la búsqueda por la memoria no sería más que un antídoto para conjurar la fragilidad y fugacidad de los lazos, pero a lo sumo a partir de la construcción de “comunidades de preocupaciones compartidas, ansiedades compartidas u odios compartidos, pero en todo caso comunidades perchero” (2000: 42).

Y a todas estas ¿cuál es la implicación para las sociedades latinoamericanas de este giro? Más allá de que la apuesta de Huyssen por comprender la riqueza de este giro cultural y político es realmente importante, considero significativo enfatizar que en Latinoamérica la apuesta por la memoria, mejor aún por las memorias, es un asunto de índole política. No se trata sólo de la recuperación de cualquier pasado, sino de pasados traumáticos producidos por formas variadas de violencia, de conflicto interno, de exclusión y marginación. Pasados que al día de hoy no se han tramitado debidamente. Pasados presentes de víctimas de genocidio, de masacres, de olvido sistemático en nuestras democracias inconclusas. Pasados que además se conjugan en memorias locales, femeninas, comunidades étnicas, sólo por mencionar algunas.

Para latinoamérica, se trata de la tramitación de unas memorias que no pueden ser reducidas a piezas de museo, comercializadas o exhibidas. El giro hacia el pasado, hacia la recuperación del pasado es a la vez que una terapia preventiva y sanadora en tiempos de oscuridad y violencia (Larrión, 2008: 79), una apuesta también por hacer de nuestras democracias espacios para la verdad, la justicia y la reparación con las víctimas que esas democracias se niegan a reconocer.

Referencias Bibliográficas

- Huyssen, Andreas. 2002. En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempo de globalización. México: F.C.E (Cap. 1. Pretéritos presentes. Medios, Política, Amnesia; pp. 13- 40)

- Bauman, Zygmunt, 2000. Modernidad Líquida. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica

- Larrión Cartujo, Jósean. 2008. “El orden de la desmemoria. La condición social de la memoria fragmentada, las memorias combativas y la ignorancia de nuestro tiempo pasado”. En: Revista Anthropos. 2008.

- Maurice Halbwachs. La memoria colectiva, una categoría innovadora de la sociología actual. No. 218. Barcelona; p. p; 68 – 84.

1 Profesor de literatura alemana y literatura comparada de la Universidad de Columbia. Su trabajo intelectual ha sido influyente en la revisión de nociones como modernismo, posmodernismo, memoria cultural, trauma histórico, archivo, cultura, globalización, entre otras. Además del libro que mencionamos en esta exposición, se encuentra también Después de la Gran División: Modernismo, Cultura de Masas y Posmodernismo (1986).

Reflexiones sobre memoria, verdad, justicia y reparación

jefferson.jaramillo@flacso.edu.mx

En un texto anterior mencionaba la actualidad y pertinencia para nuestras sociedades del llamado “giro cultural hacia el pasado”, especialmente cuando se trata de estudiar pasados recientes traumáticos. No olvidemos que este giro se produce a partir de los años ochentas en el mundo europeo y norteamericano a propósito de la emergencia de las “memorias holocausticas”. Por tanto, desde hace ya más de dos décadas estas vienen siendo una especie de “discurso global del dolor”, un “tropos universal del trauma histórico”, mejor aún, un “poderoso prisma a través del cual [se pueden] percibir otros genocidios”1 . Incluso, este “boom memorial” llevará, sin embargo, a muchos otros autores a afirmar que Europa al día de hoy, raya con un abuso del pasado, el cual se caracteriza por una especie de “saturación” “culto” o “exceso” en la conjuración de sus culpas o deudas históricas2.
Más allá de lo respetable que pueda ser la anterior apreciación, sostengo que América Latina atraviesa por una realidad distinta. No pasamos por un momento en que la memoria, la justicia, la verdad y la reparación sean “obsesiones culturales”, sino todo lo contrario: seguimos recuperando, como una “necesidad política” la memoria, mejor aún las memorias de nuestros pasados recientes de represión estatal, violencia política y conflicto armado interno. Y lo seguimos haciendo, precisamente porque nuestros proyectos nacionales están construidos sobre la base de unos déficits memoriales, de unos olvidos declarados oficialmente como parte de la historia construida e impuesta por los proyectos nacionales, las elites locales y unas impunidades decretadas por la fuerza política y militar de ciertos actores privilegiados. Incluso, estos olvidos, defícits, amnesias e impunidades han llevado a que actualmente se sigan cuestionando, desde distintos agentes (las víctimas, los victimarios, las organizaciones de la sociedad civil, las élites políticas e intelectuales) los procesos democráticos recientes o los más consolidados en muchos países del Continente.
Ahora bien, desde los años ochentas hasta el día de hoy, las denominadas comisiones de verdad, esclarecimiento histórico y reconciliación nacional han intentado prestar atención a estos defícits memoriales. Ellas, aunque no exclusivamente, tratan de reconstruir y tramitar las memorias de los traumas históricos de pasados violentos, consolidando unas “memorias emblemáticas”, es decir, unos relatos condensadores, globales y no aislados del pasado – reciente, cuya principal función es la de garantizar “oficialmente” la verdad, la justicia y la reparación para con las víctimas, procurando un futuro de reconciliación nacional o al menos de “nunca más”. Empero, la historia reciente de nuestros países, también nos ha enseñado que el ejercicio de memoria pública “inclusivo” es aún inconcluso en América Latina. Así como lo son los proyectos nacionales, la modernidad, la democracia, la justicia social y otras tantas dimensiones. Precisamente, si hay una “obsesión memorial” de diversos actores, es por hacer de la memoria un instrumento plural de discusión pública y política, “una vena abierta” en contextos democráticos que se levantan sobre la desmemoria o unas memorias que subordinan a otras. De hecho, mantener abiertas y vigilantes esas memorias censuradas ha sido y es en América Latina, un ejercicio de muchos sectores subalternos. Desde luego, la confrontación no ha sido fácil, dado que se ha querido legitimar oficialmente en más de una ocasión el olvido, el perdón a cualquier costa o la pacificación nacional generando unos enormes costos políticos y sociales, especialmente para las víctimas y, también para nuestras jóvenes y formales democracias.
¿Pero que nos dice entonces todo esto a los colombianos que atravesamos desde el 2005 por un proceso de justicia y paz? Varias cosas. Por ejemplo, no basta un ejercicio profesional y oficial del levantamiento de los hechos ocurridos en un país para que se cierren las heridas y se consolide el “nunca más”. Un informe público no es la única, ni la más efectiva herramienta para procurar la justicia, la verdad y la reparación. Las memorias de la represión que producen diversos actores políticos y sociales, deben constantemente reactualizarse; en este sentido, el giro cultural de Europa o norteamérica hacia el pasado, es para nosotros un giro político subalterno hacia pasados y presentes recientes de terror profundo y de represión. Este giro además, nos obliga a reconocer que la verdad histórica consignada en los informes de memoria y verdad o en los informes de logros de las comisiones, puede, de cuando en cuando, volver a ser cuestionada desde distintos sectores, como ha acontecido recientemente en Guatemala3 y, como de hecho ya lo está siendo en Colombia, en particular el trabajo de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR). De igual forma, debe quedar claro para el país, que el desafío y el problema de todo proyecto de recuperación y tramitación de la memoria, de la justicia, de la verdad, tiene que ver con un proceso siempre abierto y público para todos, un lugar para la deliberación. Por tanto, es un espacio que debe producir una conjugación de sentidos y voces múltiples, sobre ¿qué tipo de olvidos y recuerdos se privilegian?, ¿en función de qué presentes? y ¿para quienes se hace?
La necesidad de situar el acento sobre la reactualización de las memorias políticas de nuestros pasados violentos, debe llevar también a comprender la manera como se reconstruyen y recuperan las memorias de naciones que transitaron al postconflicto, o las que siguen en él. Es decir, los usos y abusos políticos que de ella se hace por distintos actores en distintos escenarios nacionales. Al comprender eso, podremos entender la forma y el sentido político que toma posteriormente el recuerdo o el olvido para nuestros países, y en especial para las víctimas. Sobretodo, asuntos tan delicados como la justicia restaurativa, la verdad judicial o histórica y la reparación integral. Frente a todo lo anterior, quiero subrayar la necesidad para los investigadores sociales que nos interesa el estudio de la tramitación del pasado y los usos políticos que se hacen de él, de situar la discusión sobre estos temas desde el terreno político, es decir, aquel que engloba la reflexión sobre la lucha que llevan a cabo diversos actores e instituciones por la economía y administración del pasado y las funciones que éste tiene en el presente de una nación. En tal sentido, quiero enfatizar en lo que sigue en el significado político que debe darsele a la memoria, la justicia, la verdad y la reparación en contextos de conflicto armado interno como el colombiano.
Por memoria, es crucial entender todos aquellos procesos y narrativas subjetivas de individuos y grupos que se soportan en experiencias simbólicas y materiales, y que se convierten en objeto de disputa política e histórica.4 Aclaro que la memoria no es sólo un depósito de “subjetividades” sino que también se vuelve histórica cuando se utiliza para construir “datos” sobre el pasado, o cuando se convierte en objeto de investigación.5 En un contexto como el colombiano debería de observarse esto claramente a propósito del trabajo que realiza el grupo de memoria histórica de la CNRR. Por verdad, debe entenderse un derecho inalienable de las personas y sociedades a “conocer la realidad integra, completa y publica sobre los hechos ocurridos que rodearon las violaciones a los derechos humanos, sus circunstancias especificas, los motivos que las propiciaron y quienes participaron en ellas"6. La verdad es el elemento indispensable y primario para todo proceso de reconciliación; sin embargo es importante no perder de vista esto para la situación colombiana, ya que la verdad debe ser tanto judicial como histórica, y no debe pretenderse la subordinación o la subsunción de la una a la otra.
Respecto al concepto de justicia es necesario entenderla como el conjunto de “obligaciones que tienen los Estados de investigar sobre las violaciones, de tomar las medidas adecuadas para detener a sus autores, para que estos sean perseguidos, juzgados y condenados a penas apropiadas, de asegurar a sus victimas los recursos eficaces y la reparacion de los perjuicios sufridos, y de tomar todas las medidas destinadas a evitar la repeticion de tales violaciones.7 Aquí es importante reconocer que, para sociedades que le apuestan a procesos de justicia transicional como el colombiano, la justicia no puede propender una amnesia impuesta oficialmente, o valorar solo los procesos punitivos que hagan imposible la reconciliación. Lo que se busca es una justicia restaurativa que responsabilice y equilibre las cargas, que establezca los hechos, que reconozca el daño causado por el crimen, que involucre a las víctimas y comunidades, y genere perdones responsabilizantes.8 Finalmente, por reparación, debe abrigarse el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe a los actores armados y al Estado en los hechos y circunstancias que rodean las violaciones a los derechos humanos. La reparación involucra permanentemente actos en favor de las víctimas, proporcionales a la gravedad de las violaciones y del perjuicio sufrido. Esta comprenderá restitucion, compensacion, rehabilitacion, satisfaccion y garantias de no repeticion9. En el caso colombiano, la apuesta radical debería ser por una convergencia entre reparación material y reparación simbólica.
Ahora bien, dado que no existe “una memoria, una visión y una interpretación únicas del pasado, compartidas por toda una sociedad” (Jelin, 2002: 5), ya que la memoria es siempre un campo de lucha política, debe quedar claro que la tesis que estoy defendiendo se centra en concebir la memoria como un dispositivo que genera unos usos y abusos políticos. Por ello, entiendo tres cosas: a. múltiples maneras de recuperar, gestionar, tramitar o lidiar políticamente con el pasado reciente; b. diversos fines y funciones con los que se recupera el pasado; c. constantes tensiones, disputas y luchas que genera entre diversos actores, la recuperación y gestión del pasado. La recuperación involucra tanto unas políticas de la memoria como unas memorias políticas. Esto significa unas “medidas de justicia retroactiva, juicios históricos-políticos, [...] apropiaciones simbólicas de distinto tipo; [pero también] unas formas y narraciones a través de las cuales los que fueron contemporáneos de un periodo construyen el recuerdo de ese pasado político, narran sus experiencias y articulan, de manera polémica, pasado, presente y futuro”10. Así mismo cuando se recupera un pasado, se hace con unos fines políticos y públicos. Estos usos siempre tienen una dobla faceta, pueden ser “buenos” y “malos”, dependiendo de qué pasado se pretenda recuperar y en función de qué presente. Debemos tener en cuenta aquí que se puede recuperar una memoria ejemplar, una memoria sanadora en función de un presente reconciliador; o persistir en una memoria literal, de un pasado que ancla en el resentimiento y que provoca paulatina y sistemáticamente una estirilización de la posibilidad del perdón11.
Finalmente, la memoria, al igual que lo es la verdad, la justicia, la reparación, no son terrenos neutrales de discusión, sino escenarios de litigio político, de disenso12. Es decir, siguiendo a Elizabeth Jelin, lo político y lo público de estos dispositivos está representado en que producen y generan un espacio y unas prácticas de disputa entre “actores sociales diversos con diferentes vinculaciones con la experiencia pasada” los cuales “pugnan por afirmar la legitimidad de ´su verdad´”13. Estos actores luchan básicamente por el poder. Uno de los actores con mayor fuerza en el espacio de disputa son los agentes estatales “que tienen un papel y un peso central para establecer y elaborar la historia / memoria oficial”14. Otros son los “expertos en violencia” (para el caso colombiano) que pueden construir narrativas oficiales sobre los hechos ocurridos. Además están las víctimas las cuales buscan mantener vivas unas memorias subalternas, no hegemónicas, que reclaman por ser escuchadas, defendidas, no silenciadas. De hecho, deberíamos decir que los actores en disputa pueden ser muchísimos más, solo mencionamos aquí algunos. La búsqueda de claves interpretativas y empíricas sobre la memoria, la justicia, la verdad y la reparación como dispositivos de lucha política debería entonces conducirnos a reflexionar mejor a los investigador sobre ese proceso paradigmático que es justicia y paz.
1Huyssen, Andreas. (2002). En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica; p. 17 – 18.
2Cfr. Augé, Marc. (2000), Las formas del olvido, Madrid, Gedisa; Nora, Pierre. (2001), “Entre Mémoire et Histoire”, en Pierre Nora (ed.), Les lieux de mémoire, t. 1, La République, 2e éd., Paris, Gallimard, p. 23-43; Ricoeur, Paul. (2004), La memoria, la historia, el olvido, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica; Todorov, Tzvetan. (2000), Los abusos de la memoria, Barcelona, Paidós.
3A propósito del balance de los 10 años del informe Guatemala: Memoria del Silencio producido por la Comisión de Esclarecimiento Histórico en 1999. Véase Impunity Watch y Convergencia por los Derechos Humanos. 2009. La persistencia de la Verdad: A diez años del informe de la CEH. Guatemala: Impunity Watch. Especialmente el cuestionamiento que existe desde ciertos sectores “radicales” de derecha sobre lo consignado en el informe.
4Jelin, Elizabeth. 2002. Los Trabajos de la memoria. Madrid: Siglo XXI.
5Jelin, E. Op. Cit.
6Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comision de Derechos Humanos. 1996. "Informe del relator especial Theo Van Boven, Proyecto de Principios y Directrices Basicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Graves de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario a Obtener Reparacion"; pp. 64-65.
7Ver Joinet, "Conjunto dc principios para la proteccion y promocion de los DDUn", p. 32.
8Uprimny, Rodrigo y Safón, María Paula. 2006. ¿Justicia Transicional sin transición? Bogotá: DJS. Fundación Social.
9Uprimny, Rodrigo y Safón, María Paula. Op. Cit.
10Rabotnikof, Nora. 2007. “Memoria y política a treinta años del golpe” En Clara E. Lida, Horacio Crespo y Pablo Yankelevich (comp.) Argentina, 1976. Estudios en torno al golpe de Estado. México: El Colegio de México; p. p 260 – 261.
11Todorov, T. Op. Cit.
12 Utilizo esta noción a partir de un lectura libre de Ranciere, Jacques. 2006. Política, Policía y Democracia. Santiago de Chile: Lom.
13Jelin, Elizabeth. 2002. Los trabajos de la memoria. Madrid: Siglo XXI; p. 40.
14Jelin, Op. Cit; p. 40.