En un texto anterior mencionaba la actualidad y pertinencia para nuestras sociedades del llamado “giro cultural hacia el pasado”, especialmente cuando se trata de estudiar pasados recientes traumáticos. No olvidemos que este giro se produce a partir de los años ochentas en el mundo europeo y norteamericano a propósito de la emergencia de las “memorias holocausticas”. Por tanto, desde hace ya más de dos décadas estas vienen siendo una especie de “discurso global del dolor”, un “tropos universal del trauma histórico”, mejor aún, un “poderoso prisma a través del cual [se pueden] percibir otros genocidios”1 . Incluso, este “boom memorial” llevará, sin embargo, a muchos otros autores a afirmar que Europa al día de hoy, raya con un abuso del pasado, el cual se caracteriza por una especie de “saturación” “culto” o “exceso” en la conjuración de sus culpas o deudas históricas2.
Más allá de lo respetable que pueda ser la anterior apreciación, sostengo que América Latina atraviesa por una realidad distinta. No pasamos por un momento en que la memoria, la justicia, la verdad y la reparación sean “obsesiones culturales”, sino todo lo contrario: seguimos recuperando, como una “necesidad política” la memoria, mejor aún las memorias de nuestros pasados recientes de represión estatal, violencia política y conflicto armado interno. Y lo seguimos haciendo, precisamente porque nuestros proyectos nacionales están construidos sobre la base de unos déficits memoriales, de unos olvidos declarados oficialmente como parte de la historia construida e impuesta por los proyectos nacionales, las elites locales y unas impunidades decretadas por la fuerza política y militar de ciertos actores privilegiados. Incluso, estos olvidos, defícits, amnesias e impunidades han llevado a que actualmente se sigan cuestionando, desde distintos agentes (las víctimas, los victimarios, las organizaciones de la sociedad civil, las élites políticas e intelectuales) los procesos democráticos recientes o los más consolidados en muchos países del Continente.
Ahora bien, desde los años ochentas hasta el día de hoy, las denominadas comisiones de verdad, esclarecimiento histórico y reconciliación nacional han intentado prestar atención a estos defícits memoriales. Ellas, aunque no exclusivamente, tratan de reconstruir y tramitar las memorias de los traumas históricos de pasados violentos, consolidando unas “memorias emblemáticas”, es decir, unos relatos condensadores, globales y no aislados del pasado – reciente, cuya principal función es la de garantizar “oficialmente” la verdad, la justicia y la reparación para con las víctimas, procurando un futuro de reconciliación nacional o al menos de “nunca más”. Empero, la historia reciente de nuestros países, también nos ha enseñado que el ejercicio de memoria pública “inclusivo” es aún inconcluso en América Latina. Así como lo son los proyectos nacionales, la modernidad, la democracia, la justicia social y otras tantas dimensiones. Precisamente, si hay una “obsesión memorial” de diversos actores, es por hacer de la memoria un instrumento plural de discusión pública y política, “una vena abierta” en contextos democráticos que se levantan sobre la desmemoria o unas memorias que subordinan a otras. De hecho, mantener abiertas y vigilantes esas memorias censuradas ha sido y es en América Latina, un ejercicio de muchos sectores subalternos. Desde luego, la confrontación no ha sido fácil, dado que se ha querido legitimar oficialmente en más de una ocasión el olvido, el perdón a cualquier costa o la pacificación nacional generando unos enormes costos políticos y sociales, especialmente para las víctimas y, también para nuestras jóvenes y formales democracias.
¿Pero que nos dice entonces todo esto a los colombianos que atravesamos desde el 2005 por un proceso de justicia y paz? Varias cosas. Por ejemplo, no basta un ejercicio profesional y oficial del levantamiento de los hechos ocurridos en un país para que se cierren las heridas y se consolide el “nunca más”. Un informe público no es la única, ni la más efectiva herramienta para procurar la justicia, la verdad y la reparación. Las memorias de la represión que producen diversos actores políticos y sociales, deben constantemente reactualizarse; en este sentido, el giro cultural de Europa o norteamérica hacia el pasado, es para nosotros un giro político subalterno hacia pasados y presentes recientes de terror profundo y de represión. Este giro además, nos obliga a reconocer que la verdad histórica consignada en los informes de memoria y verdad o en los informes de logros de las comisiones, puede, de cuando en cuando, volver a ser cuestionada desde distintos sectores, como ha acontecido recientemente en Guatemala3 y, como de hecho ya lo está siendo en Colombia, en particular el trabajo de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR). De igual forma, debe quedar claro para el país, que el desafío y el problema de todo proyecto de recuperación y tramitación de la memoria, de la justicia, de la verdad, tiene que ver con un proceso siempre abierto y público para todos, un lugar para la deliberación. Por tanto, es un espacio que debe producir una conjugación de sentidos y voces múltiples, sobre ¿qué tipo de olvidos y recuerdos se privilegian?, ¿en función de qué presentes? y ¿para quienes se hace?
La necesidad de situar el acento sobre la reactualización de las memorias políticas de nuestros pasados violentos, debe llevar también a comprender la manera como se reconstruyen y recuperan las memorias de naciones que transitaron al postconflicto, o las que siguen en él. Es decir, los usos y abusos políticos que de ella se hace por distintos actores en distintos escenarios nacionales. Al comprender eso, podremos entender la forma y el sentido político que toma posteriormente el recuerdo o el olvido para nuestros países, y en especial para las víctimas. Sobretodo, asuntos tan delicados como la justicia restaurativa, la verdad judicial o histórica y la reparación integral. Frente a todo lo anterior, quiero subrayar la necesidad para los investigadores sociales que nos interesa el estudio de la tramitación del pasado y los usos políticos que se hacen de él, de situar la discusión sobre estos temas desde el terreno político, es decir, aquel que engloba la reflexión sobre la lucha que llevan a cabo diversos actores e instituciones por la economía y administración del pasado y las funciones que éste tiene en el presente de una nación. En tal sentido, quiero enfatizar en lo que sigue en el significado político que debe darsele a la memoria, la justicia, la verdad y la reparación en contextos de conflicto armado interno como el colombiano.
Por memoria, es crucial entender todos aquellos procesos y narrativas subjetivas de individuos y grupos que se soportan en experiencias simbólicas y materiales, y que se convierten en objeto de disputa política e histórica.4 Aclaro que la memoria no es sólo un depósito de “subjetividades” sino que también se vuelve histórica cuando se utiliza para construir “datos” sobre el pasado, o cuando se convierte en objeto de investigación.5 En un contexto como el colombiano debería de observarse esto claramente a propósito del trabajo que realiza el grupo de memoria histórica de la CNRR. Por verdad, debe entenderse un derecho inalienable de las personas y sociedades a “conocer la realidad integra, completa y publica sobre los hechos ocurridos que rodearon las violaciones a los derechos humanos, sus circunstancias especificas, los motivos que las propiciaron y quienes participaron en ellas"6. La verdad es el elemento indispensable y primario para todo proceso de reconciliación; sin embargo es importante no perder de vista esto para la situación colombiana, ya que la verdad debe ser tanto judicial como histórica, y no debe pretenderse la subordinación o la subsunción de la una a la otra.
Respecto al concepto de justicia es necesario entenderla como el conjunto de “obligaciones que tienen los Estados de investigar sobre las violaciones, de tomar las medidas adecuadas para detener a sus autores, para que estos sean perseguidos, juzgados y condenados a penas apropiadas, de asegurar a sus victimas los recursos eficaces y la reparacion de los perjuicios sufridos, y de tomar todas las medidas destinadas a evitar la repeticion de tales violaciones.7 Aquí es importante reconocer que, para sociedades que le apuestan a procesos de justicia transicional como el colombiano, la justicia no puede propender una amnesia impuesta oficialmente, o valorar solo los procesos punitivos que hagan imposible la reconciliación. Lo que se busca es una justicia restaurativa que responsabilice y equilibre las cargas, que establezca los hechos, que reconozca el daño causado por el crimen, que involucre a las víctimas y comunidades, y genere perdones responsabilizantes.8 Finalmente, por reparación, debe abrigarse el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe a los actores armados y al Estado en los hechos y circunstancias que rodean las violaciones a los derechos humanos. La reparación involucra permanentemente actos en favor de las víctimas, proporcionales a la gravedad de las violaciones y del perjuicio sufrido. Esta comprenderá restitucion, compensacion, rehabilitacion, satisfaccion y garantias de no repeticion9. En el caso colombiano, la apuesta radical debería ser por una convergencia entre reparación material y reparación simbólica.
Ahora bien, dado que no existe “una memoria, una visión y una interpretación únicas del pasado, compartidas por toda una sociedad” (Jelin, 2002: 5), ya que la memoria es siempre un campo de lucha política, debe quedar claro que la tesis que estoy defendiendo se centra en concebir la memoria como un dispositivo que genera unos usos y abusos políticos. Por ello, entiendo tres cosas: a. múltiples maneras de recuperar, gestionar, tramitar o lidiar políticamente con el pasado reciente; b. diversos fines y funciones con los que se recupera el pasado; c. constantes tensiones, disputas y luchas que genera entre diversos actores, la recuperación y gestión del pasado. La recuperación involucra tanto unas políticas de la memoria como unas memorias políticas. Esto significa unas “medidas de justicia retroactiva, juicios históricos-políticos, [...] apropiaciones simbólicas de distinto tipo; [pero también] unas formas y narraciones a través de las cuales los que fueron contemporáneos de un periodo construyen el recuerdo de ese pasado político, narran sus experiencias y articulan, de manera polémica, pasado, presente y futuro”10. Así mismo cuando se recupera un pasado, se hace con unos fines políticos y públicos. Estos usos siempre tienen una dobla faceta, pueden ser “buenos” y “malos”, dependiendo de qué pasado se pretenda recuperar y en función de qué presente. Debemos tener en cuenta aquí que se puede recuperar una memoria ejemplar, una memoria sanadora en función de un presente reconciliador; o persistir en una memoria literal, de un pasado que ancla en el resentimiento y que provoca paulatina y sistemáticamente una estirilización de la posibilidad del perdón11.
Finalmente, la memoria, al igual que lo es la verdad, la justicia, la reparación, no son terrenos neutrales de discusión, sino escenarios de litigio político, de disenso12. Es decir, siguiendo a Elizabeth Jelin, lo político y lo público de estos dispositivos está representado en que producen y generan un espacio y unas prácticas de disputa entre “actores sociales diversos con diferentes vinculaciones con la experiencia pasada” los cuales “pugnan por afirmar la legitimidad de ´su verdad´”13. Estos actores luchan básicamente por el poder. Uno de los actores con mayor fuerza en el espacio de disputa son los agentes estatales “que tienen un papel y un peso central para establecer y elaborar la historia / memoria oficial”14. Otros son los “expertos en violencia” (para el caso colombiano) que pueden construir narrativas oficiales sobre los hechos ocurridos. Además están las víctimas las cuales buscan mantener vivas unas memorias subalternas, no hegemónicas, que reclaman por ser escuchadas, defendidas, no silenciadas. De hecho, deberíamos decir que los actores en disputa pueden ser muchísimos más, solo mencionamos aquí algunos. La búsqueda de claves interpretativas y empíricas sobre la memoria, la justicia, la verdad y la reparación como dispositivos de lucha política debería entonces conducirnos a reflexionar mejor a los investigador sobre ese proceso paradigmático que es justicia y paz.
1Huyssen, Andreas. (2002). En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica; p. 17 – 18.
2Cfr. Augé, Marc. (2000), Las formas del olvido, Madrid, Gedisa; Nora, Pierre. (2001), “Entre Mémoire et Histoire”, en Pierre Nora (ed.), Les lieux de mémoire, t. 1, La République, 2e éd., Paris, Gallimard, p. 23-43; Ricoeur, Paul. (2004), La memoria, la historia, el olvido, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica; Todorov, Tzvetan. (2000), Los abusos de la memoria, Barcelona, Paidós.
3A propósito del balance de los 10 años del informe Guatemala: Memoria del Silencio producido por la Comisión de Esclarecimiento Histórico en 1999. Véase Impunity Watch y Convergencia por los Derechos Humanos. 2009. La persistencia de la Verdad: A diez años del informe de la CEH. Guatemala: Impunity Watch. Especialmente el cuestionamiento que existe desde ciertos sectores “radicales” de derecha sobre lo consignado en el informe.
4Jelin, Elizabeth. 2002. Los Trabajos de la memoria. Madrid: Siglo XXI.
5Jelin, E. Op. Cit.
6Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comision de Derechos Humanos. 1996. "Informe del relator especial Theo Van Boven, Proyecto de Principios y Directrices Basicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Graves de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario a Obtener Reparacion"; pp. 64-65.
7Ver Joinet, "Conjunto dc principios para la proteccion y promocion de los DDUn", p. 32.
8Uprimny, Rodrigo y Safón, María Paula. 2006. ¿Justicia Transicional sin transición? Bogotá: DJS. Fundación Social.
9Uprimny, Rodrigo y Safón, María Paula. Op. Cit.
10Rabotnikof, Nora. 2007. “Memoria y política a treinta años del golpe” En Clara E. Lida, Horacio Crespo y Pablo Yankelevich (comp.) Argentina, 1976. Estudios en torno al golpe de Estado. México: El Colegio de México; p. p 260 – 261.
11Todorov, T. Op. Cit.
12 Utilizo esta noción a partir de un lectura libre de Ranciere, Jacques. 2006. Política, Policía y Democracia. Santiago de Chile: Lom.
13Jelin, Elizabeth. 2002. Los trabajos de la memoria. Madrid: Siglo XXI; p. 40.
14Jelin, Op. Cit; p. 40.
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